El juez cita a declarar a Macario Benítez como imputado por el 'caso Varadero'
El Juzgado de Instrucción número de 3 de Santa Cruz de Tenerife ha comunicado a las partes la admisión a trámite de la querella interpuesta por IR-Verdes a raíz de la denuncia formulada por la Fiscalía de la Audiencia Provincial contra el anterior grupo de gobierno del PSC-PSOE del municipio de El Rosario, por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias en la tramitación en 2002 y aprobación por silencio administrativo en 2004 del Plan Parcial El Varadero, que promovía en la localidad el empresario de Candelaria Amador Díaz Ramos, según informa en un comunicado de la organización ecologista.
Para el inicio de las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos denunciados que pudieran ser “constitutivos de delitos de prevaricación y tráfico de influencias”, el magistrado juez Juan Carlos González Ramos ha acordado que se reciba “declaración en calidad de imputados” de toda la anterior corporación de El Rosario.
El alcalde Macario Benítez Gil será el primero en acudir al juzgado a declarar, el próximo día 19 de febrero a las 11 de la mañana. El 20 de febrero declarará ante el juez la primera teniente alcalde y concejala de Urbanismo, Ana Lupe Mora, que también es consejera insular del PSC-PSOE en el Cabildo de Tenerife. El auto cita del 3 al 13 de marzo a los otros 10 concejales que componían la anterior corporación.
3.000 euros de Fianza
El auto judicial especifica que el querellante, IR-Verdes, “ha prestado fianza por importe de 3.000 euros” para ejercer la acción popular y acceder a las diligencias del proceso. Los concejales de IR-Verdes, Jacinto Correa y Escolástico Gil presentaron su denuncia por El Varadero a la Fiscalía el 9 de abril de 2007 y la ratificaron ante el juez el 24 de junio de 2008, dando lugar a que se inicie el actual expediente judicial que está en fase de diligencias previas.
El ya conocido como caso Varadero cuenta “con varios antecedentes jurídicos, sucesivos avatares administrativos e informes contradictorios que podrían acabar implicando no sólo al consistorio, sino también al Cabildo insular y al Gobierno de Canarias, después de tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dos desestimatorias de sendos recursos presentados por el Ayuntamiento y el promotor del plan parcial en 2002 contra el PIOT, que declaraba protegido El Varadero; y una que estima un recurso de IR-Verdes de 2004 contra el uso por el grupo de gobierno del silencio administrativo positivo para aprobarlo”, añade el comunicado.
Las citaciones remitidas ahora por el Juzgado a los imputados tratarán de esclarecer “si podría existir delito en la resistencia mostrada por el promotor y el alcalde a admitir y cumplir la normativa que se interponía en la tramitación del plan parcial e impedía legalmente la urbanización de un terreno de 200.000 metros cuadrados”, cuyo valor hipotecario en 2005 ascendía a 12 millones de euros, y habría generado el triple de plusvalías una vez edificado. Cabe recordar que actualmente se tramita por vía contenciosa otro recurso de IR-Verdes al Plan General de Ordenación de El Rosario, publicado el 30 de noviembre de 2007, para que se anule definitivamente este plan parcial que todavía hoy figura solamente suspendido.
