La juez cita a declarar a Rosa, Armas y Lasso por el caso de los hoteles ilegales

La titular del Juzgado número 2 de Arrecife ha citado a declarar en calidad de imputados a los empresarios Juan Francisco Rosa, Francisco Armas y Rafael Lasso dentro de la investigación que se sigue por el caso de las licencias ilegales de los hoteles en Playa Blanca.

A estos empresarios se les acusaría de un posible delito de cohecho y están llamados a declarar el próximo 19 de abril. Por este procedimiento ya han pasado a declarar varios empresarios turísticos más, también acusados de cohecho.

Estos dos empresarios, además de ser socios en el puerto Marina Rubicón, son administradores de empresas que lograron licencias para hoteles, ahora anuladas por la justicia. Rosa, además, está imputado en la operación Unión, en cuyo sumario se demuestra que tenía contratado a Dimas Martín.

El principal imputado en esta causa, el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que estuvo cuatro meses en prisión preventiva, declaró que cuatro empresarios, entre los que no se encuentran los ahora citados, le habían dado dinero para conseguir las licencias de los hoteles. Posteriormente se retractó de su declaración. También declaró que el yate de su hijo no pagaba por el atraque en el Marina Rubicón.

Más imputados

En esta misma causa, además de los empresarios y del alcalde, están imputados los tres hijos de Reyes, su mujer y varios funcionarios municipales de la Oficina técnica de Yaiza. También está imputado el ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, el abogado Felipe Fernández Camero.

Este caso parte de la denuncia en el año 2006 que hizo Carlos Espino, entonces consejero de Política Territorial del Cabido y ahora secretario insular del PSOE, tras pedir un informe al abogado Agustín Domingo Acosta sobre las licencias otorgadas por José Francisco Reyes y Juan Pedro Hernández en Yaiza y en Teguise.

El denunciante llevó ese informe a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), que ordenó pinchar los teléfonos de ambos, entre otros. Se les investigaba por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y evasión de capitales.

Reyes confesó en octubre pasado que había participado en operaciones con información privilegiada y que había recibido dinero por otorgar licencias con los informes preceptivos o con informes en contra. En los últimos cuatro años se le detectó un aumento del patrimonio de casi 800.000 euros sin justificar.

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