El decreto de vivienda de Canarias, pendiente de un acuerdo con el Gobierno central para evitar ir al Constitucional

El decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno de Canarias se encuentra pendiente de un acuerdo con el Gobierno central para evitar ir al Tribunal Constitucional. Según se publicó a finales de junio en el Boletín Oficial, la Comisión Bilateral entre la comunidad autónoma y el Estado acordó iniciar negociaciones por varios artículos del decreto en el que existen discrepancias y se ha designado un grupo de trabajo con el fin de buscar soluciones. Desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que lidera Ángel Víctor Torres, afirman a preguntas de este periódico que la voluntad es siempre la de llegar a acuerdos. 

En el anuncio del BOC se hace mención a que las diferencias entre ambos Gobiernos con este decreto se sitúan en relación con los artículos cuatro, cinco, seis, nueve, diez, 17, 22 y  24, así como con la disposición adicional primera y la disposición adicional tercera. 

En concreto, se trata de los que hacen referencia a la vivienda protegida. Por ejemplo, el decreto hace mención a que se podrá construir vivienda protegida de promoción pública sin necesidad de modificar el planeamiento, lo que genera desencuentro. También se recoge en el artículo cinco que los suelos destinados a equipamientos están habilitados también para la construcción de viviendas protegidas de promoción privada, aunque los instrumentos de ordenación no establezcan este fin para esos suelos.

Las discrepancias también se dan en el apartado que hace mención a la compatibilidad de uso residencial y turístico. En el artículo nueve se señala que “en los suelos urbanizables ordenados, en los que existan una o varias parcelas sin edificar, en los que, conforme al planeamiento urbanístico municipal, se admita el uso mixto turístico y residencial o los declare compatibles, se podrán destinar en su totalidad a uso residencial, siempre que, al menos, un tercio de la edificabilidad se destine a la construcción de viviendas protegidas de promoción privada”. 

En el artículo décimo se hace mención a que la densidad máxima será de “una vivienda por cada 60 metros cuadrados de superficie edificable destinada a usos residenciales, debiendo destinar un mínimo del 10% de la edificación a usos diferentes del residencial tales como establecimiento público, administrativo, comercial, deportivo, docente o sociocultural”. 

Otro apartado en el que no están de acuerdo es en el que se recoge que “cualquier instrumento de ordenación urbanística podrá establecer las condiciones necesarias para la construcción de viviendas” o el que apunta que “la aplicación de las medidas recogidas en el presente Decreto ley, de acuerdo con la declaración de emergencia habitacional del artículo dos, no está sometida a evaluación ambiental por su finalidad, por las circunstancias excepcionales que las justifican y por tratarse de actuaciones de escasa dimensión e impacto sujetas a licencia”. 

Expertos y expertas consultadas por este periódico ya han señalado que el decreto no va a tener efectos inmediatos en Canarias. El parque de pisos sociales en Canarias, por ejemplo, representa menos del 1% de las 820.000 casas levantadas en la Comunidad Autónoma, según un informe de la Diputación del Común. Las expertas también recordaban que el decreto canario promueve edificaciones sin estudios de impacto ambiental en un territorio que cada vez siente más presión humana.

Otros desacuerdos entre Gobierno canario y regional por la vivienda

Este decreto ley no ha sido el único tema en materia de vivienda por el que se han enfrentado Gobierno de Canarias y estatal. El Ejecutivo de Fernando Clavijo fue combativo con la Ley de Vivienda Estatal. El año pasado, aseguró que no había podido presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley nacional de Vivienda por iniciar el proceso fuera de plazo.

El Gobierno de CC-PP ha considerado que esa ley “invade competencias autonómicas en aspectos como la gestión del parque de viviendas de protección oficial o los grandes tenedores”. Además, ha venido defendiendo que su estrategia en materia de vivienda, es decir, “la combinación” del decreto ley de medidas urgentes y la futura ley de vivienda vacacional, es más efectiva que la declaración de zonas tensionadas.