Disenso contra la pobreza
La Estrategia contra la pobreza, la exclusión social y a favor del desarrollo humano 2013-2015 no ha recibido ni un solo apoyo de los diputados conservadores y del Grupo Mixto, pese a que en aras del consenso los socios del Pacto (CC y PSC) admitieron varias de las propuestas presentadas por la oposición.
Así, fue el socialista Emilio Mayoral el encargado de anunciar en nombre del Pacto que se admitían dos propuestas del PP: “mejorar los itinerarios formativos de la PCI, ajustándolos al perfil de los demandantes, en aras de conseguir una inclusión real y efectiva, con seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos” y “garantizar la participación activa de los ayuntamientos y de los cabildos en la planificación, gestión y ejecución” de la Estrategia, “así como la rendición periódica de cuentas ante el Parlamento”.
Y por parte del Mixto, y pese a que el nacionalista José Miguel Ruano les acusó de “presentar una enmienda a la totalidad”, los socios del Ejecutivo que preside Paulino Rivero admitieron tres resoluciones: incrementar la cantidad dedicada a la Prestación Canaria de Inserción (PCI) de forma que para 2015 “la partida se haya duplicado respecto a lo actualmente presupuestado, alcanzando los 40 millones de euros”; “reforzar y proteger el gasto público en todos los ámbitos que afectan a la infancia”, con la puesta en marcha del II Plan Canario de Infancia y Familia, y “agilizar la presentación del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Vivienda de Canarias” para evitar los desahucios y fomentar el alquiler social.
Brindis al sol
No hubo más margen para el acercamiento, pues ni conservadores ni nacionalistas de izquierda apoyaron ni una sola de las medidas presentadas por los grupos que sostienen el Ejecutivo regional, ya que no quisieron ser cómplices de un Plan que entienden “insuficiente” y, como afirmó la conservadora Aurora del Rosario, “no vamos a participar en un brindis al sol con el que el Gobierno pretende irse de vacaciones”.
Y es que las diferencias eran de base. Todos pedían más dinero que los 190,9 millones de euros, pero mientras desde el Pacto se lo exigen al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, desde la oposición se considera que es el gabinete de Rivero quien debería aportarlo.
Por ese motivo, los socios del Pacto se han quedado solos en exigir al Ejecutivo central “la necesidad imperiosa de aumentar la protección de las rentas de las familias, no sólo para ampliar la cobertura social de éstas, sino como medida para mantener unos mínimos niveles de consumo”.
Unas medidas que incluyen “las modificaciones legales oportunas para proteger las escasas rentas que poseen las familias que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social”, tales “elevar la cuantía inembargable de sueldos y pensiones” y declarando inembargables “las prestaciones sociales” como la PCI o las ayudas a la dependencia y “las becas y ayudas al estudio que conceden las administraciones públicas”.
Pese a la oposición de PP y Grupo Mixto, tanto Mayoral (PSC) como Ruano (CC) apoyaron las medidas incluidas en la Estrategia, recordando que “son el principio” del camino y que el Ejecutivo regional debe cumplir con las resoluciones del Pacto, incluidas “las que se piden sean de forma inmediata”.
