Empresarios de Las Teresitas demandan 116 millones al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Los empresarios imputados en el caso Las Teresitas y propietarios de la mercantil supuestamente beneficiada, Inversiones Las Teresitas (ILT), han presentado una demanda contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la cual se reclama del erario público chicharrero 115,9 millones de euros, por un presunto lucro cesante al no haber podido edificar el frente de playa en todos estos años.
Antonio Plasencia, socio de Ignacio González en la operación investigada desde hace cuatro años por el TSJC, confirmó al director de Radio El Día, José Moreno, la interposición de la demanda, fundamentada en un estudio de un catedrático catalán que eleva a más del doble del valor de 2001 el hipotético precio actual de los terrenos, de ser devueltos por el Ayuntamiento.
La demanda que se sustancia en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santa Cruz de Tenerife se fundamenta en el presunto precio real actual de los terrenos de Las Teresitas, valorados por el estudio de ILT en 115,9 millones de euros, debido a la presunta edificabilidad de los mismos, un hecho no recogido en la sentencia del Supremo que anuló la compraventa de los terrenos, y por tanto debería ser compensado con ese montante.
La cifra resulta de una nueva valoración de parte de los terrenos objeto de la polémica compraventa de 2001, esta vez fijados en 58 y no en los 52 millones por los que se vendió finalmente -cantidad considerada un “pelotazo de libro” por la Fiscalía y muy distante de los 19 millones de una primera tasación municipal- y el tiempo transcurrido desde entonces que elevarían su precio a 115.900.000 euros de poder construirse sobre ellos.
Según ha explicado Antonio Plasencia, uno de los empresarios implicados en el caso, estos estarían dispuestos a devolver los 52 millones de euros que pagó el Ayuntamiento por el frente de playa, pero acto seguido reclaman del mismo consistorio esos 115,9 millones de euros en que han fijado el precio actual de los terrenos por la edificabilidad perdida, debido a que el Ayuntamiento cambió el planeamiento de la zona, sin poder alegar nada los vendedores en el momento procesal oportuno, al haber dejado de ser propietarios.
De hecho, estos recibieron en la operación de compraventa anulada por el Supremo e investigada penalmente por el TSJC compensaciones urbanísticas en el Valle de Huertas, al contar esos otros terrenos con mayor volumetría edificable como contrapartida al frente de playa, donde podían haber construido hoteles de hasta diez alturas.
La demanda de ILT entró por registro en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el pasado lunes. Por su parte, el alcalde santacrucero, José Manuel Bermúdez, aseguró a la misma emisora que la administración que preside defenderá el dinero público ante esta acción judicial de dos de los grandes empresarios de Tenerife y Canarias.
