Fomento solo investigó once meses a Islas Airways
La denuncia de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra Islas Airways por indicios de fraude en el cobro de subvenciones se limita a once meses, los que abarcan de mayo de 2010 a abril de 2011, porque esa es la única documentación peritada que ha facilitado el Ministerio de Fomento, pese a que el expediente administrativo abierto por Aviación Civil a la aerolínea se remonta a enero de 2008.
Esa es la principal traba que se ha encontrado al Ministerio Fiscal durante sus diligencias de información, desde que les fue remitida la denuncia de Fomento en diciembre de 2011, hasta el extremo de que, según fuentes fiscales, se tuvo que solicitar toda la documentación de nuevo y se pidió una nueva peritación de los billetes cuya cuantía real sería inferior a la reclamada para subvenciones desde la aerolínea.
De hecho, hay dudas sobre la cuantía real defraudada, que se ha calculado en 2.400.000 euros en los once meses acreditados, aunque en Fiscalía sostienen que el cómputo se hizo sin bases reales, tomando como estimado lo posible defraudado en tres meses de prueba y no en todo el periodo aportado.
De cualquier manera, la cantidad superaría los 80.000 euros que marca el Código Penal para apreciar delito, según el artículo 308 del Código Penal.
Faltan los billetes
Entre la documentación remitida a la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife faltaba la documentación de los billetes vendidos desde que la competidora Binter denunció a Fomento el supuesto fraude en el cobro de subvenciones. En concreto, faltan las facturaciones de enero de 2008 a abril de 2010.
Las fuentes consultadas por CANARIAS AHORA matizaron que “hubo que solicitar toda la documentación de nuevo pero no se remitió al completo y aún así, no hemos recibido toda”, por lo que los fiscales trabajaron con solo una parte de la denuncia, la que acreditaba el indicio de delito.
El expediente que abrió Fomento, desde que inició la investigación a Islas Airways en julio de 2011, se apoya en gran parte en la denuncia que formuló la competidora Binter, pero faltaban peritajes completos de las posibles manipulaciones de los ficheros por los que se habrían manipulado las cifras de venta reales de los billetes de avión.
Sin embargo, las pruebas remitidas han servido a la Fiscalía para respaldar un posible delito de fraude al Estado, en subvenciones públicas, aunque solo sea entre mayo de 2010 y abril de 2011.
Ahora le corresponde al juzgado instructor pedir nuevas pruebas y más completas a Fomento, y tras la toma de declaraciones, abrir procedimiento abreviado o archivar la causa.
