Francisco Santiago confía en ser absuelto del caso de los vertidos en El Goro
Santiago declaró que en su anterior etapa como alcalde, cuando ocurrieron los hechos, “el Ayuntamiento hizo lo que tenía que hacer según los informes técnicos y jurídicos municipales, que concluyeron que no era competencia municipal, sino de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias”. El dirigente de Nueva Canarias, entonces en Coalición Canaria, subrayó que él no participó en los expedientes “porque las concejalías eran delegadas”, pero, en todo caso, afirmó que la responsabilidad de los vertidos era “de las empresas particulares, no del Ayuntamiento”.
Santiago Castellano insistió en que los vertidos, procedentes de empresas industriales y de una urbanización desde el año 1971, iban a parar al barranco de Silva y al litoral del municipio, y “gracias al esfuerzo del Ayuntamiento se eliminaron en su totalidad mediante la construcción de un emisario submarino y un proyecto de depuradora de aguas residuales”, cuyas obras están por concluir actualmente.
Tres años de inhabilitación
En este proceso judicial abierto por la Fiscalía de Medio Ambiente están imputados también el ex alcalde Marcelino Galindo, que fue concejal de Urbanismo en esa época, el ex edil de Medio Ambiente Pedro Galván y los promotores del polígono industrial El Goro Fernando Ortiz, José Naranjo Massanet, Bruno Naranjo Sintes y Alicia Naranjo Saint Noble. La Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias pide en su escrito de conclusiones cuatro años de prisión para Santiago y para Galindo y tres para Galván, así como tres años de inhabilitación para los tres políticos.
Galindo manifestó que no entiende esta solicitud de la Fiscalía, pues asegura que no tiene “nada que ver” con este asunto ni participó en el expediente, al tiempo que responsabilizó a la urbanización y empresas industriales de los vertidos y al Gobierno de Canarias por no controlarlos. Destacó que el área municipal de Urbanismo que dirigía “no tenía competencias” y señaló que “en ningún documento” se le notificó advertencia alguna de lo que estaba sucediendo.
Al igual que Santiago, se mostró convencido de que será absuelto en el juicio a celebrar próximamente en la Audiencia Provincial porque no ha cometido “ninguna ilegalidad” y recordó que en el último mandato en el gobierno local, CC dejó “una partida económica y el suelo” para la construcción de la depuradora a fin de acabar con este problema.
