El Gobierno de Canarias nombra a Blas Acosta, acusado de corrupción, como viceconsejero de Economía

El expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta.

Canarias Ahora / Europa Press / Canarias Ahora


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El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado durante la sesión de este miércoles el nombramiento de Blas Acosta como viceconsejero de Economía e Internacionalización, en sustitución de Almudena Estévez.

Podemos se opondrá en el Consejo de Gobierno a que el líder del PSOE de Fuerteventura, investigado por corrupción, sea viceconsejero regional

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Acosta es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Camilo José Cela y máster en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal, Acosta también fue vicepresidente y consejero de Turismo en el Cabildo de Fuerteventura durante el pasado mandato (2015-2019), cuando ejerció además como vicepresidente del Parque Tecnológico de Fuerteventura y del Consorcio de Aguas.

En el periodo 2011-2015 desempeñó la responsabilidad de vicepresidente y consejero de Turismo y Ordenación del Territorio, también en la Corporación insular de Fuerteventura, después de ejercer en anterior mandato (2007-2011) como consejero portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la oposición.

Antes había sido teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, Planificación y Desarrollo, Turismo, Vivienda y Urbanismo en el Ayuntamiento de Pájara entre 2003 y 2015, y comenzó su trayectoria política como consejero del PSOE en la oposición del Cabildo de Fuerteventura de 1999 a 2003.

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias incorpora en su organigrama a Blas Acosta Cabrera (Tarajalejo, Fuerteventura, 1969), después de su dimisión como presidente y consejero de Turismo en el Cabildo de Fuerteventura desde 2019.

Blas Acosta, acusado de corrupción

Este nombramiento ha generado rechazo en Podemos, socio de Gobierno en el Ejecutivo regional, que, además de mostrarse en contra de la decisión, anunció hace algunas semanas que consultará a sus bases acerca de su continuidad en el Gobierno si se produce la incorporación de Acosta.

Blas Acosta dimitió el pasado 25 de febrero de la Presidencia del Cabildo de Fuerteventura a la que accedió tras una moción de censura después de las elecciones de 2019 fruto de un pacto con Nueva Canarias-Asamblea Municipales de Fuerteventura (AMF) y Podemos. Pero una serie de desencuentros motivaron la ruptura del acuerdo y en la sesión plenaria en la que comunicó su renuncia, tomó posesión Sandra Domínguez, de AMF, quien posibilitó el nuevo pacto de gobierno entre dicho partido junto a Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC). Días después, se conformó la nueva ejecutiva con Sergio Lloret como nuevo presidente de la Corporación Insular.

Acosta está encausado en estos momentos en dos procedimientos por varios delitos relacionados con la corrupción en los que la Fiscalía pide para él penas que suman siete años prisión, en ambos casos relativos a su pasado como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pájara, concretamente cuando estuvo al frente de la empresa pública municipal de gestión urbanística Gesturpa. Entre los años 2010 y 2015 se detectaron diversas irregularidades contables en la sociedad, cuyo cometido era el desarrollo urbanístico del municipio majorero, que dieron la pie a la apertura del procedimiento penal que ahora afronta su recta final.

En los fundamentos jurídicos del auto, una vez examinada toda la documentación existente, se concluye que entre los ejercicios 2010 y 2015, fechas en las que Blas Acosta era administrador único de Gesturpa, se incluyeron “datos falseados” en las cuentas de la empresa pública “que no reflejaban la imagen fiel de la sociedad”. La magistrada que ha llevado la instrucción hace hincapié en que “el investigado no procedió a disolver la sociedad pese a concurrir causa legal para ello, generando una situación de sobre endeudamiento de la misma”. Gesturpa no fue disuelta hasta el 28 de julio de 2016.

De especial relevancia para la jueza es el hecho de que Gesturpa recibió en 2012 un préstamo de 1,6 millones de euros “que agravó aún más la deuda que tenía en dicho momento, sin que conste justificación alguna de la necesidad de dicho préstamo ni tampoco su destino”.

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