El Gobierno canario dice que el suelo de la carcel está condicionado a la legalidad
“Que cada palo aguante su vela”, dijo el vicepresidente canario, José Manuel Soria, sobre la responsabilidad de las distintas instituciones en la localización de la nueva cárcel de Gran Canaria.
El vicepresidente canario, José Manuel Soria, ha reconocido este jueves que el Ejecutivo regional ha sido el responsable de ceder el suelo necesario para la construcción de la polémica nueva cárcel en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, pero matizó que esta enajenación está condicionada a la “legalidad” de la nueva infraestructura.
José Manuel Soria hizo estas declaraciones este miércoles antes de la celebración de la Ejecutiva insular del Partido Popular (PP), donde argumentó que “desde hace muchos años es preciso un centro penitenciario en Gran Canaria” ya que considera “intolerable que haya reclusos que esté cumpliendo sus penas lejos de su familiar por la mera razón de que en Salto de El Negro no haya espacio suficiente”.
Sin embargo apostilló que “el lugar donde se instale no es competencia de ninguna institución donde gobierne el PP, sino del Estado y el Cabildo” y que “siendo esa la decisión que ha tomado el Gobierno de la Nación es él el que tiene que asumir la responsabilidad y la legalidad”.
En este sentido reconoció que el Gobierno de Canarias ha enajenado a la sociedad encargada de hacer centros penitenciarios el suelo necesario pero, añadió: “La hemos condicionado a que ese centro penitenciario tiene que cumplir toda la legalidad vigente porque si no la cumple desde luego esa operación de venta nunca llegaría a perfeccionarse desde el punto de vista jurídico”.
“Si hay alguna cuestión que no se ajuste a legalidad será el Consejero de Ministros quien tenga que adoptar medidas para que se cumpla ?concluyó- que cada palo tiene que aguantar su vela y cada institución tiene que responder de aquello que es su responsabilidad”.
