El Gobierno canario investiga otras dos oposiciones en las que pudo haber irregularidades

El Gobierno de Canarias ha abierto un proceso de información reservada sobre dos procesos selectivos para la administración pública de la Comunidad Autónoma en los que podría haber irregularidades, y que determinará si procede ampliar a la denuncia presentada ante los juzgados.

Se trata de las pruebas selectivas del cuerpo superior facultativo, especialidad de ciencias químicas, para el que se convocaron tres plazas, y para 11 plazas del cuerpo de subalternos de agrupación profesional.

En ambos casos, al igual que en las oposiciones a administrativo y auxiliares técnicos, existe una relación de parentesco directo entre las personas que sacaron las mejores notas y la última directora general de Función Pública en la anterior legislatura, Águeda Márquez.

Así lo ha anunciado la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, en el pleno del Parlamento de Canarias, en el que ha comparecido a petición propia para dar información pormenorizada de los pasos adoptados y para lanzar un mensaje de “contundencia” a la hora de depurar responsabilidades.

En tal sentido, ha informado de la existencia de una investigación reservada sobre la prueba de acceso al cuerpo administrativo, al que se presentaron más de 4.000 aspirantes y solo aprobaron 9, y las dos mejores notas las sacaron dos personas con una relación de parentesco con la exdirectora de Función Pública. Un proceso que ha sido suspendido cautelarmente a la luz de los hechos denunciados.

El objetivo de este procedimiento es analizar de manera pormenorizada el proceso de elaboración del cuestionario, de su impresión, embalado, transporte, custodia y reparto a los aspirantes el día de celebración de la prueba, para determinar “quiénes, cómo y cuándo intervinieron en el proceso”. Es decir, saber “dónde se produjo el descontrol”, ha resumido Barreto.

La consejera se ha comprometido a trabajar por modificar las bases y las normas de acceso a la función pública y a regular la designación de los tribunales calificadores, abriéndolos a la participación de profesionales de diferentes ámbitos, y ha proclamado que estos son “hechos puntuales” que en todo caso dañan a la reputación de la administración.

Y a los afectados por la suspensión de las oposiciones les ha trasladado que la voluntad del Gobierno de Canarias es “no generar más daño y buscar fórmulas ágiles para que se celebren los exámenes”, que estos no se dilaten en el tiempo y que puedan presentarse “con todas las garantías y controles” para que “de forma justa” superen las pruebas estén mejor preparados.

Todos los grupos con representación en el Parlamento de Canarias han coincidido en destacar el ejercicio de “transparencia” de la consejera al comparecer a petición propia e informar sobre este asunto, así como en dejar que los tribunales decidan si ha habido o no un trato de favor en estos casos, y han respaldado las medidas adoptadas por la administración autonómica.

También han secundado las reflexiones de la consejera sobre la necesidad de actualizar los procedimientos de acceso a la función pública y han convenido en que estos son hechos excepcionales aunque suponen “un enorme perjuicio” para la imagen de las administraciones y para los opositores.

La diputada del PP Luz Reverón se ha preguntado “qué ha fallado en los mecanismos de control” de Función Pública y la del grupo Nacionalista Socorro Beato, si “quien estaba al mando actuó con la diligencia debida” porque Águeda Márquez fue premiada con el nombramiento de directora general pese a las sospechas sobre su proceder en varios procesos selectivos.

Rosa Bella Cabrera, del grupo Socialista, ha deslizado que recientemente trascendieron “dos casos bastante semejantes” en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en sendas pruebas en la Gerencia de Urbanismo y la Policía Local, una gestionada por el PP y la otra por CC.

Con esto, ha incidido en que los partidos políticos no pueden “contribuir a generar desconfianza” en los procesos de selección a la función pública, y en que estos casos son “una anomalía, una excepción a la tónica general”.