El Gobierno dice que se ha contado con tiempo y recursos para implantar el LexNET

El delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, ha afirmado este martes que “se ha contado con tiempo, recursos, información y herramientas suficientes para cumplir la obligación mínima impuesta para el 1 de enero” de aplicar el sistema LexNET para digitalizar la Justicia.

Ante la petición de una moratoria para la aplicación de este programa por parte del diputado regional del PSOE Gustavo Matos, el delegado del Gobierno ha expresado su sorpresa, ya que los datos sobre el primer mes de funcionamiento de este sistema confirman que en enero accedieron a LexNET 143.085 personas más que durante todo 2015 (el triple más).

Hernández Bento ha indicado que, cuando se pone en marcha una plataforma de esta envergadura, es posible que se produzcan incidencias iniciales hasta que se logre su total implantación y ha detallado que “en el primer mes de funcionamiento del sistema se ha registrado una tasa de incidencia del 0,051%”.

Según la Delegación del Gobierno, los datos del primer mes confirman también que en enero se han practicado 4.069.747 notificaciones electrónicas en toda España, un 13 % más que en el mismo periodo de 2015; se han presentado 79.717 escritos iniciadores y 381.489 escritos de trámite, frente a los 10.391 y 128.013 que se presentaron, respectivamente, el pasado año en las mismas fechas.

En enero, además, LexNET ha estado disponible para sus usuarios el 99,2% del tiempo.

Hernádez Bento ha querido recordar que el objetivo del “papel cero” en la Justicia quedó establecido en la Ley 18/2011 aprobada durante el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que fue aprobada con el consenso de todos los grupos parlamentarios,

En esta ley se fijó un plazo de cinco años (hasta el 7 de julio de 2016) para que todas las administraciones públicas con competencias en materia de Justicia provean a los juzgados de herramientas para que la tramitación sea completamente electrónica.

Para ello, es “imprescindible” llevar a cabo el hito intermedio de obligado cumplimiento establecido a partir del pasado 1 de enero, que supone que a partir de esa fecha es obligatoria la comunicación electrónica entre los profesionales de la Justicia y los juzgados.

El delegado del Gobierno ha subrayado que en la tramitación en las Cortes Generales de esa Ley, el PSOE “quería que el 1 de enero de 2016 las obligaciones para los agentes y profesionales de la Justicia fueran mayores”.

Según Hernández Bento, el Ministerio de Justicia ha ido más allá de su obligación estricta, y ha puesto el sistema de comunicaciones electrónicas a disposición de todas las comunidades autónomas con competencias de manera gratuita.

Así, se ha puesto a disposición de todas las comunidades manuales, material formativo y su experiencia para garantizar el éxito del proyecto.

Asimismo, para la ampliación de LexNET a todo el territorio, el Ministerio de Justicia ha habilitado más de 125.000 buzones para profesionales y tras ofrecérselo a todas las CCAA, se han habilitado más de 500 buzones con el objetivo de que existan puntos por toda España donde presentar electrónicamente los escritos.

Añade que se ha ampliado la capacidad del buzón para permitir el envío de mensajes de hasta diez megas y se ha desarrollado la aplicación LexNETapp para ayudar a los profesionales a recibir de forma ágil y en tiempo real la información acerca de las notificaciones y escritos presentados a través de este sistema.

Para atender las incidencias de tipo tecnológico que puedan surgir en el uso de la herramienta LexNET, también se ha reforzado el equipo del Centro de Atención al Usuario del Ministerio de Justicia, indica la nota.

Hernández Bento ha hecho hincapié en que ante la inminente entrada en vigor de esta ley, el Ministerio de Justicia informó con tiempo suficiente de sus medidas a las comunidades autónomas, con la que ha colaborado estrechamente, al igual que con los colectivos de profesionales y las instituciones con competencia en materia judicial.

Con las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia, desde hace un año se han celebrado más de una treintena de reuniones en las que se ha abordado la hoja de ruta para impulsar las comunicaciones electrónicas desde el 1 de enero de este año.

Además, con el objetivo de ayudar en este proceso, el Ministerio de Justicia firmó un convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias para la implantación del programa de reforma de la Administración de Justicia, por el que se asignaron en 2015 a las islas 347.594 euros para incrementar las dotaciones disponibles y lograr una justicia digital, abierta e innovadora.