El Gobierno 'huye' de la corrupción urbanística
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo regional no se plantea, “en modo alguno”, asumir competencias de las corporaciones locales en materia urbanística para evitar episodios de corrupción.
Así lo afirmó tras la inauguración del II Congreso Canario de Derecho Urbanístico en el Tenerife Espacio de las Artes (TEA) de Santa Cruz de Tenerife. Reconoció que “el derecho urbanístico es susceptible de ser mal utilizado”, pero, matizó, “como lo puede ser la economía”.
Es por eso que “en modo alguno el Gobierno se plantea hacer ningún tipo de rescate de ninguna competencia y mucho menos en materia urbanística”, que recuerda es una “materia genuina de las corporaciones locales”. “La Comunidad Autónoma hace su papel, la aprobación de la segunda fase, el control de la legalidad y las políticas sectoriales que les son propias”, recordó.
Berriel fue preguntado por esta posibilidad ante los numerosos casos de corrupción urbanística que se han dado en toda España y en especial en Canarias, donde casos como el Faycan y Góndola en Gran Canaria o los casos de corrupción detectados en Lanzarote y en otras islas del Archipiélago como Tenerife y el caso Las Teresitas tienen su trasfondo en la gestión municipal de la ordenación territorial.
“No tiene nada que ver las circunstancias que hayan podido suceder, son conductas que tienen su depuración en su ámbito y en modo alguno se puede generalizar, es una ciencia compleja que involucra en su tratamiento a muchos profesionales y no se puede interpretar que es la ciencia más propicia para la corrupción”, postuló.
“Los derechos urbanísticos dan lugar a múltiples encuentros y desencuentros pero eso no tiene que ver con situaciones ilegales”, declaró.
TEA y el urbanismo
El TEA acoge durante estos días unas jornadas sobre los temas más polémicos del derecho urbanístico en Canarias. Así Las Teresitas, la Ley de Costas y las Medidas Urgentes serán el objeto de algunas de las múltiples charlas que tendrán lugar en el TEA y en las que participarán expertos en la materia dentro del marco del Segundo Congreso Canario de Derecho Urbanístico.
Otras materias están relacionadas con las tensiones que se producen entre los planes insulares y los planes municipales de ordenación, el sentido de la participación ciudadana en los mismos, la ocupación del litoral o los hoteles ilegales de Lanzarote, tal y como adelantó el presidente del comité de organización, el profesor Francisco Villar.
El propio Berriel reconoció que la elección de temas no está “exenta de polémica, con toda intencionalidad”, y espera que arrojen luz sobre algunas de las cuestiones más espinosas de esta ciencia.
Durante la inauguración también estuvieron presentes los rectores de las dos universidades canarias y el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien admitió que en el derecho urbanístico está el principal “conflicto jurídico con el que se enfrenta la Comunidad Autónoma”. Las continuas reformas y casos de corrupción producen, a su juicio, “un imposibilidad del ciudadano y del inversor de saber qué se puede y qué no hacer, lo que genera tensiones, inseguridad y páginas y páginas de información no siempre acertada en los medios de comunicación”.
