El Gobierno insiste en que no debe indemnizar a los perjudicados por la moratoria de 2009
La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, ha reiterado en el Parlamento, a requerimiento tanto de Román Rodríguez (NC) como de José Miguel Ruano (CC), que el Gobierno de Canarias no tiene que indemniza a los promotores turísticos perjudicados por la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial y para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo aprobada en 2009 (conocida como 'segunda moratoria') por el Ejecutivo que entonces presidía Paulino Rivero y cuyo vicepresidente era José Manuel Soria, ex líder regional del PP.
Según Dávila, lo que ha determinado el Tribunal Supremo (TS) respecto a las 37 reclamaciones es que el Gobierno inicie la tramitación de los expedientes, reiniciando el procedimiento desde el principio y, “solamente en el caso de que así procediera”, compensar a los propietarios, aunque advirtió que el Ejecutivo “defenderá hasta el último céntimo de euro” apelando a la defensa del interés público frente a los de los particulares.
Para la titular de Hacienda, lo que sí ha quedado desvelado con este proceso y con la sentencia del TS es que es necesario acabar con la “maraña normativa en materia de ordenación del territorio” y que, por tanto, la futura y polémica Ley del Suelo es fundamental para conseguir la seguridad jurídica a futuras moratorias.
Estas explicaciones no dejaron satisfechos a los grupos de la oposición, hasta el punto de que el conservador Miguel Jorge Blanco recordó a la consejera que, aunque ahora no haya que indemnizar, si puede acabar el erario público desembolsando “mucho” dinero, Exactamente, “una sexta parte del Presupuesto” de la Comunidad Autónoma, según cuantificó el diputado de Podemos Juan Márquez.
Unanimidad rota
Por su parte, el líder de NC, Román Rodríguez, recordó que la Ley de 2009 fue “la primera norma que rompió la tradicional unanimidad” de los grupos parlamentarios con las leyes relacionadas con el territorio, pues la de espacios naturales de 1994 la de ordenación del territorio de 1999 y la de Directrices de Ordenación General y del Turismo de 2003 contaron con el apoyo de toda la Cámara regional.
Rodríguez recalcó que el artículo 17 estableció la posibilidad de reclasificar parcelas a suelo rústico de protección territorial con la posibilidad de evaluar las indemnizaciones por los aprovechamientos edificatorios congelados y el TS ha abierto la puerta a los particulares para solicitar indemnizaciones por la “irresponsabilidad” de CC y el PP. al aprobar la Ley y la “incapacidad” de los posteriores gabinetes para gestionar el mismo.
Y es que hasta la socialista Nayra Alemán reconoció que es posible que haya que compensar a alguno de los 37 perjudicados, por lo que el nacionalistas José Miguel Ruano insistió en que es preciso verificar cuántos expedientes pueden argumentar derechos consolidados para después comprobar si hay que indemnizar o no.
Al respecto, el portavoz de NC insistió en que las demandas se interpusieron por el “daño generado durante los años transcurridos por no haber aplicado correctamente” el artículo 17 de la Ley de Medidas Urgentes que permitía la desclasificación o la permuta de uso del suelo turístico a cambio de reconocer unos derechos indemnizatorios, por lo que los afectados puede que no tengan derecho al lucro cesante pero sí consideró “ineludibles” los derechos indemnizatorios por el gasto realizado.
