El Gobierno aprueba el proyecto que modifica la Ley del Transporte Marítimo
El Gobierno de Canarias aprobó este martes el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley Territorial 12/2007, de 24 de abril, de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias y solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de Urgencia, directamente y en lectura única. La citada Ley Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias fue aprobada por el Parlamento de Canarias en abril de 2007 y tras su entrada en vigor, el Ministerio de Administraciones Públicas remitió al Gobierno de Canarias los reparos formulados por el Ministerio de Fomento respecto a algunos puntos concretos de su articulado, informó la portavoz del Ejecutivo regional, Carolina Déniz.
Con el fin de superar tales reparos, en la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, se realizaron las negociaciones oportunas y el 23 de enero de 2008, la citada comisión adoptó el acuerdo por el cual el Gobierno de Canarias se comprometía a realizar los trámites oportunos, a fin de modificar la redacción del artículo 31.7 de esta ley en los términos acordados.
Así pues, la finalidad de esta ley territorial es, principalmente, modificar parcialmente la Ley de Ordenación del Transporte marítimo de Canarias para dar exacto cumplimiento del citado Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, dando nueva redacción al artículo 31.7. Por otra parte, conviene también modificar otros preceptos de la ley, en aras de acomodarla al vigente ordenamiento jurídico comunitario y estatal.
Por otra parte, el Gobierno de Canarias aprobó este martes solicitar un dictamen del Consejo Consultivo sobre el proyecto de Decreto por el que se desarrolla el Régimen Especial de Prestación de los Transportes Marítimos Regulares, es decir, las obligaciones de servicio público que se prestarán en las Islas a partir de la aprobación de este documento.
Este decreto tiene por objeto desarrollar el régimen especial, mediante la identificación de las líneas que satisfacen las necesidades básicas de comunicación y la fijación de sus condiciones mínimas de prestación, el desarrollo del régimen de aplicación de obligaciones de servicio público y sujeción a autorización previa, y la regulación de los contratos de obligación de servicio público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias.
Por tanto, en dicho texto se establece el marco jurídico general en el que conciliar la libertad de prestación de servicios de cabotaje marítimo con la necesidad de contar en las islas con un transporte marítimo regular, de pasajeros y mercancías, suficiente y de calidad.
Subvenciones a Naviera Armas y Fred Olsen
Además, el Consejo acordó reembolsar a Naviera Armas, S.A y Fred Olsen, S.A las subvenciones al transporte que les corresponden por los viajeros residentes en Canarias que utilizaron el transporte marítimo durante el tercer trimestre de 2008 y que ascienden a un total de 7.200.000 euros: 2.900.000 y 4.300.000 euros respectivamente.
A lo largo de 2008, el Gobierno de Canarias ha subvencionado el viaje de los canarios entre las Islas por un montante total de 23,77 millones de euros. De esta manera, se compensa la subvención del 25% del precio de los billetes que el Ejecutivo ofrece a los residentes.
Transporte terrestre
Así mismo, el Gobierno de Canarias decidió autorizar la firma de convenios de colaboración con los cabildos insulares que permitirán financiar, por el Estado y por el Gobierno de Canarias, con 46 millones de euros, el transporte regular de pasajeros que se presta por las empresas de guaguas en las Islas y las infraestructuras de transporte del eje transinsular.
Los convenios tienen por objeto establecer el régimen de colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los cabildos insulares para la financiación del transporte terrestre regular de viajeros en las Islas Canarias.
Según el acuerdo alcanzado por la Conserjería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, el documento tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de este mismo año y supone un acuerdo puente hasta que se negocie el nuevo convenio cuatrienal, tal y como venía ocurriendo en los últimos tiempos.
Por parte de la Administración General del Estado se realizarán aportaciones por importe de 23,2 millones de euros y por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias 22.9 millones de euros.
Estas aportaciones se realizarán a través de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias y se transfieren a los Cabildos Insulares, competentes en materia de transporte terrestre, para dar cobertura a la financiación del transporte público regular de pasajeros.
Regulación de emisiones
De igual forma, el Gobierno aprobó una subvención total de 1,62 millones de euros a los cabildos de Lanzarote, Gran Canaria, La Palma y Tenerife por razones de interés general, para la renovación de la flota de guaguas con el objetivo de luchar contra el cambio climático. La subvención se distribuye de la siguiente manera: Lanzarote, 166.156,00 euros; Gran Canaria, 649.176,00; euros; La Palma, 164.524,00 euros y Tenerife, 649.011,00 euros.
Esta medida responde al cumplimiento de los programas de medidas reglamentarias de la Comisión Europea y aprobadas por el Parlamento Europeo, normas Euro 4 y Euro 5, que establecen los requisitos técnicos para la homologación de los vehículos de motor en lo que se refiere a las emisiones, para evitar que difieran de un Estado miembro de la Unión Europea a otro y asegurar un elevado nivel de protección medioambiental.
Transporte de animales vivos
Por otra parte, el Consejo aprobó el decreto que regula el procedimiento de autorización de transportistas, medios de transporte y contenedores de animales vivos en la comunidad autónoma y crea su registro.
La norma es de aplicación a los transportistas de animales vivos cuyo domicilio o sede social se encuentre en el ámbito territorial de Canarias y a los medios de transporte y contenedores de estos animales, pertenezcan o no a un transportista.
El procedimiento se iniciará a petición del interesado, mediante la presentación de las solicitudes aprobadas por el Gobierno, que pueden descargase a través de Internet.
