Gran Canaria planta batalla a la Ley Turística
El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este lunes como Asunto de Urgencia una moción de Nueva Canarias (NC) que insta a los grupos que conforman el Parlamento de Canarias a que los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) turísticos los puedan formular también los cabildos insulares y los ayuntamientos y no sólo el Ejecutivo regional.
La moción queda aprobada la misma semana que el Parlamento prevé ratificar la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, que contiene la nueva figura urbanística de los PMM y que marca la rehabilitación como única vía para los hoteles de cuatro estrellas, dejando fuera la posibilidad de que sean de nueva edificación.
Según NC, el texto se ha elaborado sin la preceptiva evaluación de los cambios de “nuestro mercado turístico”, además de sin conocer el impacto real de las medidas de renovación, las plazas de calidad incorporadas o la cuantificación real de las camas irregulares que ocupan la Isla. Para el consejero insular de NC, Román Rodríguez, el Gobierno de Canarias no puede ignorar el planeamiento elaborado por instituciones insulares y locales, como el reciente Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Gran Canaria (Pteoti-GC), ya que “trastocaría las reglas” y “echaría por la borda el trabajo elaborado”.
En la misma línea se expresó el presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, que dijo no entender la aprobación una Ley que se ha construido sobre la base de la “imposición” y sin llegar a un acuerdo con Gran Canaria. Bravo de Laguna se mostró contundente al decir que la Administración insular no puede aceptar una norma que “consagra las diferencias y deficiencias” de Gran Canaria respecto a Tenerife.
Al respecto, explicó que el proyecto que se aprobará funcionará en la isla tinerfeña, que en la década de los 90 “hizo barra libre” y construyó una planta hotelera que adelantó en modernidad a la de Gran Canaria. El presidente insular entonó el mea culpa por haber apoyado como diputado una moratoria que consideró perjudicial para la Isla, porque impidió la recuperación de su oferta y desembocó en que ésta quedara obsoleta.
Bravo de Laguna advirtió que “nos jugamos muchísimo” con una Ley por la que rechazó posicionamientos partidistas y manifestó que la rehabilitación hotelera en la Isla no es suficiente como para que se impida la nueva construcción. Además, indicó que menos del 2% de la superficie grancanaria está dedicada a un turismo que “nos da de comer a todos”, mientras que la mayor parte del espacio se encuentra protegido.
“Barra libre” para las villas
Rodríguez reivindicó que la norma se traduce en una “barra libre” para las villas turísticas y supone el crecimiento “sin límite y sin calidad de un producto que consume una cantidad elevada de suelo”. Aunque en un principio la moción de NC incluía un apartado que estipulaba para el crecimiento alojativo un límite cuantitativo del 1% de las plazas legales existentes, con tres años de duración, finalmente el Grupo de Gobierno abogó porque este aspecto quedara abierto a negociación. Al respecto, Bravo de Laguna señaló que el 1% supondría unas 1.400 camas al año, con lo que “no alcanzaríamos a Tenerife en la vida, necesitaríamos 25 años”.
La moción se aprobó con la abstención del Partido Socialista (PSC), cuya portavoz insular, Carolina Darias, apostó por la renovación de la planta obsoleta y rechazó un aumento en el consumo del territorio. Sin embargo, Darias coincidió en exigir una modificación que permita a cabildos y ayuntamientos desarrollar “su papel”.
Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria, CC, Fernando Bañolas, echó en falta la celebración de una reunión para fijar posiciones y dijo entender la necesidad de llevar a cabo una modernización de la planta alojativa, así como la del establecimiento de hoteles de cuatro estrellas. Por estos motivos señaló la importancia de “ser valientes y aunar esfuerzos”.
Entre otras medidas, la moción insta al Parlamento a desarrollar un programa de incentivos económicos, fiscales, crediticios, administrativos y laborales destinados a favorecer la renovación, concertando los mismos con las restantes administraciones implicadas. Además, promueve la implantación de un programa plurianual de inversiones públicas para la estructura urbana de las ciudades turísticas antiguas que “puede contribuir de forma decisiva a estimular paralelas inversiones privadas”.
