IC pide la intervención de Ruano en el conflicto de la Policía Local
Intersinsical Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se dirigió la semana pasada al consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, para que intervenga en el conflicto generado en la cúpula de la Policía Local capitalina, al existir tres funcionarios con la misma categoría, comisarios jefe, y no haber un pronunciamiento expreso del gobierno local sobre quien de ellos ostenta el mando del cuerpo.
El sindicato pide a la Consejería que dirige Ruano que emita un informe en el que se constate si las Normas Marco y otras Normas de Coordinación de Policías Locales “son de obligado e inexcusable cumplimiento para resolver el nombramiento dle jefe policial, en el caso que acontece en Las Palmas de Gran Canaria, en cuya cúpula existen tres funcionarios con el más alto empleo policial”.
La organización sindical, una de las mayoritarias en el Ayuntamiento y el propio cuerpo de guardia urbana, también se ha dirigido a la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias para que, igualmente, emita un dictamen en el mismo sentido.
Desde Intersindical se recuerda que hay alusiones al caso en los artículos 11.2 y 12.1 del Decreto 75/2003, de 12 de mayo, por los que se establecen las citadas normas autonómicas, y en los que se señala que el jefe del cuerpo debe ser normbrado por el alcalde, y que este cargo deberá recaer en el funcionario del mismo que ocupe el empleo superior de la plantilla.
En el caso de la Policía Local capitalina, el actual jefe es Francisco Javier Henríquez, nombrado por decreto en 1996, si bien en aquella oportunidad era el único que tenía la máxima categoría profesional dentro del cuerpo. Esta circunstancia, sin embargo, cambió a principios de este mes con la toma de posesión de dos nuevos comisarios jefe: Carlos Saavedra Brichis y Zenón Sánchez Espino, que accedieron a las dos nuevas plazas creadas por el Ayuntamiento tras ganar las oposiciones celebradas el pasado año.
El concejal de Seguridad y Movilidad Ciudadana, Jesús González Dumpiérrez, ha encargado un informe a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que se pronuncien si el decreto de 1996 tiene aún validez o si es necesario realizar otro nombramiento. El edil señaló hace unos días a ACN Press que en este momento sigue confiando en Henríquez para el cargo, si bien advirtió de que la confianza “no es eterna”.
