El interventor de Mogán pone ahora bajo lupa todos los contratos menores del último mandato

El interventor del Ayuntamiento de Mogán ha puesto ahora bajo lupa los contratos menores suscritos por la corporación sureña en los ejercicios consolidados del último mandato, es decir, entre los años 2019 y 2022. El funcionario municipal ha abierto una actuación fiscalizadora para estudiar, entre otras cuestiones, el volumen de adjudicaciones directas y el “grado de cumplimiento de los requisitos legales”.

En un escrito al que ha tenido acceso este periódico, el interventor de Mogán solicita a todos los órganos gestores del Ayuntamiento un listado con los contratos menores firmados en los tres últimos años. El objetivo, precisa, es elaborar un informe que sirva para comprobar “las deficiencias o irregularidades más destacables y frecuentes que se pudieran estar cometiendo” y “ofrecer una visión global y representativa” de la tramitación de este tipo de expedientes por parte del gobierno liderado por Onalia Bueno, líder de Juntos por Mogán y aliada de Coalición Canaria (CC), partido con el que concurrió a las elecciones autonómicas celebradas el pasado 28 de mayo como número tres al Parlamento regional por la isla de Gran Canaria.

Algunas de esas presuntas irregularidades en la tramitación de los contratos menores están siendo investigadas en los juzgados. La alcaldesa está imputada en dos procedimientos judiciales por las adjudicaciones a dedo. El número dos del gobierno municipal, Mencey Navarro, irá a juicio en otro procedimiento por el mismo motivo.

La ley fija una serie de limitaciones para los contratos menores. Los de servicios y suministros no pueden superar los 15.000 euros. Para los de obras, el umbral está en 40.000 euros. Tampoco pueden durar más de un año ni se pueden encadenar o ser el resultado de fraccionar un contrato mayor con el objetivo de eludir la obligación de la administración de sacarlo a concurso. El órgano de contratación está obligado a justificar que no está alterando su objeto con la finalidad de adjudicarlo de forma directa.

Los controles en los contratos menores son más laxos. No están sujetos a fiscalización previa de la intervención y solo se exige que se compruebe que hay crédito presupuestario suficiente para afrontar el gasto. Sin embargo, la Ley Reguladora de Haciendas Locales también contempla la posibilidad de que la intervención, órgano garante de la legalidad de esos contratos, formule las observaciones que considere convenientes en el momento de la retención del crédito y el pago de la factura.

Además, esa misma ley recoge en el apartado tercero de su artículo 219 la “fiscalización plena a posteriori”, la actuación que ahora ha abierto el interventor de Mogán para verificar “el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos”.

En la circular remitida a los diferentes servicios municipales, el alto funcionario señala que va a analizar qué volumen representan los contratos menores con respecto al total de las adjudicaciones en el Ayuntamiento de Mogán y “si los expedientes reunían las condiciones y requisitos legales para haber optado por este sistema de adjudicación”. Con ello, añade el interventor, “podremos ser conscientes de las deficiencias e irregularidades más destacables y frecuentes que se pudieran estar cometiendo para, finalmente, emitir unas recomendaciones que ayuden en un futuro a mejorar la gestión administrativa de este tipo de expediente”.

Los antecedentes

La Fiscalía de Las Palmas presentó el pasado mes de abril una denuncia contra la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, por los contratos fraccionados y adjudicados de forma directa (sin procedimiento abierto) a dos empresas del sector de la comunicación, Etiazul y 21 Bombillas, para la prestación de servicios de prensa, promoción y publicidad del Ayuntamiento y para la explotación de los medios de comunicación locales.

El Ministerio Público aprecia indicios de prevaricación en esas adjudicaciones: “No solo es innegable la existencia de irregularidades en los contratos administrativos suscritos, sino que vulneraban de forma flagrante los requisitos previstos en la ley para esta modalidad de contratos, beneficiando así de forma discrecional a las dos entidades implicadas”. Esas empresas estaban administradas por dos hermanos, los periodistas Pedro y Gregorio Guerra, que se embolsaron en tres años más de 230.000 euros de las arcas públicas moganeras a través de doce contratos menores y un concurso.

No es el único procedimiento en el que está siendo investigada la alcaldesa por contratos menores. También permanece imputada en el Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana en una de las piezas separadas en las que se desglosó la causa original sobre la presunta trama de compra de votos en las elecciones de 2015 y 2019 (finalmente archivada por la prescripción de los hechos en un caso y por falta de pruebas en otro). En concreto, esa causa indaga sobre los contratos adjudicados a la empresa familiar de Rayco Guerra, en aquellos momentos asesor de la alcaldesa en la corporación sureña y hoy concejal, y al arquitecto Jesús Romero-Espeja, que fue director general de Urbanismo y viceconsejero de Política Territorial en dos gobiernos de Coalición Canaria.

También Mencey Navarro, concejal de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, está incurso en una causa judicial por los contratos menores adjudicados a su antiguo socio en el despacho de abogados. En este procedimiento ya no ostenta la condición de investigado, sino la de procesado, después de que el juez transformara en procedimiento abreviado, el paso previo al juicio oral, las diligencias previas abiertas. La Fiscalía aún debe formular el escrito de acusación en esta causa.