Un juez acusa a vecinos de Las Huertas de ''obstruir''
El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santa Cruz, José Pérez Gómez, ha tachado de “obstruccionista” la actitud de los vecinos de Las Huertas en la trasera de la playa de Las Teresitas que desde hace años luchan para evitar que las palas entren en los terrenos que según defienden son de su propiedad.
En una reciente sentencia el Juzgado da la razón a la empresa Desurcic, integrada por Mapfre e Inversiones Las Teresitas (ILT), a la hora de exigir al Ayuntamiento de Santa Cruz que desaloje a los vecinos que se opongan a la urbanización de estos terrenos.
En el Plan Parcial que abarca Las Huertas, el Barranco de El Cercado y Montaña Morera, se prevé construir una urbanización que albergaría a alrededor de 15.000 personas y para ello desde hace algunos años se han emprendido las obras para urbanizar los terrenos. En la sentencia se indica que los bienes en los que se quiere construir las carreteras, “están siendo ocupados de forma ilegal por personas que impiden el normal desarrollo de la unidad de ejecución. Así pues, es obligación de la administración demandada remover los obstáculos que impiden el normal desarrollo de las obras que son de dominio público”.
El juez, sin embargo, no entra a valorar si efectivamente estas actuaciones son ilegales, tal y como defiende el Ayuntamiento que las paralizó hace ya un año y medio al no adaptarse al Plan General de Ordenación (PGO) ni al proyecto presentado.
Cada cierto tiempo se producen enfrentamientos entre los que se consideran legítimos propietarios de los solares y la empresa constructora, ya que los primeros alegan haber sido objeto de un expolio en el momento en el que la Junta de Compensación de Las Teresitas vendió los terrenos ILT en 1998 y no se les abonó dinero alguno. En junio de 2008 la imagen de estos vecinos enfrentándose a las palas saltó a todos los informativos nacionales y en marzo de 2010 ocurrió otro tanto. La semana pasada se volvieron a reproducir los enfrentamientos una vez que los dueños de Desurcic tuvieron en su poder esta sentencia que les autoriza a reiniciar los trabajos y además obliga al Ayuntamiento a desalojar a los vecinos que se enfrenten a las palas. Sin embargo, la Gerencia de Urbanismo ya ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y que no lo cumplirá hasta que sea firme.
La Corporación local argumentó durante este procedimiento judicial “la indisponibilidad previa de los terrenos”, a lo que el Juzgado responde que en el expediente administrativo “obra una relación detallada de los bienes que son propiedad de la Administración en el proyecto de urbanización”. Así se apunta que en este sector son de titularidad municipal una serie de parcelas sobre las que se ha intentado ejecutar los viales lo que había resultado imposible según un informe aportado por Urbanismo, ante la oposición ejercida por “terceros ocupantes”. El Juzgado considera que el Ayuntamiento está haciendo dejación de sus responsabilidades al no proceder a la “recuperación de oficio de sus bienes. No hay duda alguna sobre el carácter de dominio público de los terrenos sobre los que recae el presente recurso”, se indica.
El Ayuntamiento, por su parte, alegó que debe ser la empresa la que inste al desalojo voluntario de estos vecinos, un argumento que es respondido por el Juzgado en el sentido de que “si bien en un principio puede considerarse como adecuado, en el presente caso no es posible por la actitud obstruccionistas de los ocupantes”.
La sentencia considera que no son ajustadas a derecho las resoluciones emitidas en el año 2010 por la Gerencia de Urbanismo en los que delegaba en Desurcic el desalojo de los terrenos. “No corresponde a la mercantil sino al Ayuntamiento la recuperación de sus bienes, tal y como ha sido requerida por Desurcic de forma expresa, al ser la propietaria de los mismos”.
El juez recuerda que la legislación es clara al “obligar, no facultar, a las entidades locales a que ejerzan las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. Si esta obligación además es requerida de forma expresa y reiterada para la ejecución material de las obras comprendidas en un proyecto de urbanización debidamente aprobado, aún con más motivo ha de cumplirse”. Por todo ello, el fallo obliga al Ayuntamiento a que tome las medidas pertinentes para que “desaparezcan las circunstancias que obstaculizan la urbanización” de Las Huertas. Además, condena a la Corporación local a realizar cuantas actuaciones sean precisas hasta conseguir que Desurcic pueda continuar “de forma ordenada y pacífica” la ejecución de los trabajos de urbanización.
El miércoles hay convocada una reunión en la que se espera que estén presentes los abogados del centenar de vecinos que se consideran víctimas de este expolio. Por su parte, Urbanismo ya ha anunciado que centrará el grueso de sus argumentos ante el TSJC en que las obras son ilegales y que la titularidad de los bienes aún no ha sido aclarada ya que según un informe hecho en 2009 por este organismo autónomo hasta un 80% de los vecinos pudieron demostrar que eran dueños de las parcelas.
El abogado Felipe Campos defenderá la ilegalidad de los trabajos, mientras que Juan José Rodríguez pondrá sobre la mesa que el Plan de Reparcelación quedó anulado por una sentencia emitida en 2007 que daba la razón a un grupo de vecinos conocidos como los extranjeros. Un fallo que se hizo firme en 2010 cuando el propio TSJC emitió un auto reflejando que este proyecto de compensación por medio del cual se le otorgaba al Ayuntamiento los terrenos para construir los viales, entre otras actuaciones, había quedado sin efecto.
