El juez cita a Espino por el caso de los Centros Turísticos
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arrecife ha citado a declarar en calidad de imputado a Carlos Espino, secretario insular del PSOE de Lanzarote por la denuncia que presentó la consejera de los Centros Turísticos y presidenta del Partido Popular en la isla, Astrid Pérez, pero Espino no ha recibido comunicación alguna sobre la interposición de la querella.
Espino tendrá que declarar el próximo 14 de diciembre a las diez de la mañana y se le acusa de varios delitos: prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos y fraude en la gestión de la empresa. La querella presentada por Pérez fue admitida a trámite el pasado 12 de mayo.
En la querella se exponían posibles incumplimientos de las normas de contratación por parte de Espino cuando estuvo al frente de los Centros Turísticos entre junio de 2007 y octubre de 2009, entre ellas la de la cocina de los Jameos del Agua, que se contrató a un empresario afiliado al PSOE sin concurso público y que costó más de lo presupuestado inicialmente. También se señalaba que pueden existir contratos de suministro inflados de precio.
El Secretario General de los Socialistas de Lanzarote aseguró este miércoles que “a día de hoy, sigue sin haber recibido comunicación alguna sobre la interposición de la querella, su admisión a trámite o la citación de la que se ha informado en la prensa”.
Al mismo tiempo aclara que en el Consejo de Administración de los Centros Turísticos en el que se trató el asunto, “la presidenta del PP se limitó a informar verbalmente sobre la comisión de presuntas irregularidades por parte del anterior consejero, sin proporcionar ningún otro dato o documento”.
Ante esta situación, Espino afirma que “resulta totalmente imposible realizar ningún tipo de valoración que no sea la plena confianza en demostrar ante los Tribunales la corrección de su comportamiento al frente de la entidad pública y el convencimiento de que su gestión, más allá de cualquier crítica a la misma, se ajustó a los principios de legalidad que han de presidir la acción de cualquier cargo público.
