El juez decreta la apertura de juicio oral del 'caso eólico'
El juez del juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Parramón, ha decretado la apertura de juicio oral en el caso Eólico para los seis imputados, para los que ha solicitado un total de 1,4 millones de euros en fianzas por responsabilidades pecuniarias, según consta en el auto publicado este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El caso Eólico se remonta a 2004 cuando la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias convocó un concurso público para asignar potencia en la instalación de nuevos parques eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares. Esta Consejería estaba dirigida por Luis Soria, hermano del actual presidente del PP en las Islas, José Manuel Soria.
Según el auto, al juicio oral deberá acudir Celso Perdomo por cometer presuntamente un delito de violación de secretos, un delito de cohecho y un delito continuado de malversación de fondos públicos; Mónica Quintana también tendrá que prestar declaración por un presunto delito de violación de secretos y otro de malversación.
Asimismo, tendrán que acudir al juicio oral Enrique José Guzmán, Honorato José López, Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel, todos ellos por un presunto delito de cohecho.
Además, el juez ha mantenido la libertad provisional para Celso Perdomo, Mónica Quintana, Enrique José Guzmán, Honorato José López, Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel. En cuanto a las medidas cautelares de aseguramiento tendentes a preservar la acción de la justicia, se ha procedido a modificar las mismas y limitarlas a comparecencias apud-actas los días 1 y 15 de cada mes.
En lo que respecta a las responsabilidades pecuniarias, se le ha requerido a Celso Perdomo que en el plazo de 24 horas deberá prestar fianza por un importe de 400.000 euros y a Honorato José López de 300.000 euros; mientras que a Enrique José Guzmán, Alfredo Briganty y a José Ignacio Esquivel se le ha solicitado fianza por 200.000 euros.
En el caso de Mónica Quintana la fianza que se le pide está estimada en los 100.000 euros. Así, en el auto se recoge que en caso de que no presten la fianza correspondiente se procederá al embargo de sus bienes.
Asimismo, el auto emplaza a las partes a presentarse dentro de 15 días en los juzgados y al sobreseimiento libre de la causa respecto de José Luis de Santiago Gorrochategui.
Hechos investigados
Según el magistrado, Perdomo, en colaboración con su novia y con la intención de obtener un beneficio económico, facilitó información que no debía ser divulgada sobre el concurso para la asignación de potencia eólica convocado por la Consejería de Industria de Gobierno canario el 14 de octubre de 2004, antes de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Perdomo facilitó un borrador de la orden del concurso y una relación de terrenos y contactos públicos y privados para la instalación de parques eólicos en dos correos electrónicos enviados en agosto de 2004 a Wilebaldo Luis Yanes y a Daniel Fernández de Salamanca, que representaban a diversas sociedades privadas con interés en la convocatoria.
Según el juez, esto supuso para el resto de las empresas que no obtuvieron esa información una situación de “clara desventaja”.
Perdomo además mantuvo contactos, antes de la convocatoria y después, con varias personas que representaban a diversas sociedades para favorecerlas en la adjudicación de parques eólicos a cambio de recibir determinadas cantidades de dinero.
Para ello, contactó con el acusado Enrique Guzmán, quien representaba a la sociedad Generaciones Especiales SL, vinculada al Grupo Hidrocarburos, y con quien firmó un pacto el 5 de octubre de 2004.
Entonces, su novia, Mónica Perdomo, en Madrid abrió una cuenta bancaria en el Fortis Bank, que le facilitó una tarjeta de crédito para disponer de las cantidades ingresadas por Guzmán, que también tenía una cuenta en esta entidad de Luxemburgo, y que ascendieron a 13.4552,21 euros tras efectuar dos transferencias en junio y noviembre de 2005.
Perdomo, a partir de febrero de 2004, también estableció contactos con Alfredo Briganty, que representaba a una serie de inversores entre los que figura el imputado José Ignacio Esquivel, vicepresidente de la Promotora de Recursos Eólicos 2004 SL, en la que Briganty ocupaba el cargo de secretario del Consejo de Administración.
Esta sociedad presentó, a través de otras, proyectos para participar en el concurso, por lo que Perdomo pactó con los dos acusados la asignación de potencia eólica a cambio de 12.700 euros, que abonaron el 13 de agosto de 2004 a la empresa Proarguineguín SL, que efectuó una obra de reforma en el domicilio de Perdomo y su novia.
Cuando Perdomo es cesado como director general de Industria, el 15 de junio de 2005, contactó con Honorato López para continuar con los mismos “fines fraudulentos”, de manera que éste hiciera lo posible, a cambio de dinero, para conseguir la adjudicación de los proyectos a las empresas vinculadas con Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Ignacio Esquível.
En octubre de 2005, Perdomo y Enrique Guzmán, pactan con Honorato López la entrega de 2 millones de pesetas de entrada, cuatro millones una vez se realice el informe previo, y un millón por cada megavatio adjudicado, para lo que el jefe de Área de Industria exigió alguna garantía.
En esas mismas fechas, Perdomo, junto con Briganty y Esquivel llegan a un pacto similar con Honorato López, de cantidades parecidas, y todos estos pagos se mantienen tras la anulación del concurso, pues se acuerda que serían respetados, señala el magistrado.
Por otra parte, el magistrado señala que Perdomo, antes de cesar, y su novia se apropiaron de libros con cargo al erario público valorados en 739,87 euros.
