La empresa de aguas de Lanzarote pide un aval de 1,2 millones para respaldar su contrato eléctrico con Unión Fenosa

ARRECIFE (LANZAROTE), 18 (EUROPA PRESS)

La empresa Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) ha solicitado un aval bancario de 1,2 millones de euros para respaldar su contrato eléctrico con Unión Fenosa.

Así, lo ha informado hoy la asamblea general del Consorcio del Agua de Lanzarote, tras el encuentro que han mantenido sus componentes, según informó el Cabildo insular en un comunicado.

La asamblea también “ha dado su visto bueno” a la nueva composición que a partir de ahora tendrán tanto los consejos de administración del Consorcio como de Inalsa, así como se ha dispuesto el cese y nombramiento de sus miembros que, “por primera vez, coincide con las mismas personas”.

Así, será un total de nueve personas las que conformen dos órganos de gobierno citados. En concreto, los integrantes serán el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés; el alcalde de Haría, José Torres Stinga; así como su homólogo de Tinajo, Jesús Machín; el vicepresidente primero del Cabildo, Fabián Martín; y los consejeros Plácida Guerra, Ramón Bermúdez, Juan Carlos Becerra, Astrid Pérez, junto con el concejal de Tías, José Pablo Lemes.

Posteriormente, una vez finalizada la asamblea, los miembros tanto del Consejo de Administración del Consorcio como de Inalsa, tomaron posesión de sus nuevas responsabilidades en las sesiones extraordinarias y urgentes que se convocaron a tal efecto.

Por otro lado, la asamblea también ha aprobado proponer al ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Antonio Cárdenas como gerente del Consorcio. Este nombramiento se producirá en una próxima sesión del Consejo de Administración de Consorcio.

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23 años de cárcel

En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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En otro orden de cosas, ha dado “vía libre a la cesión, en precario, sólo su uso,” del inmueble que antiguamente albergaba las oficinas de Inalsa para que sea utilizado como sede de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT).

Este hecho que se ha producido a petición de la actual consejera delegada de los Cact, Astrid Pérez, supondrá un ahorro de “más de 100.000 euros anuales” a las arcas de los centros turísticos que actualmente paga un alquiler de unos “9.000 euros anuales por las oficinas que ocupan en la vía medular”.

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