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El Gobierno suaviza la ley de altos cargos para facilitar que sus consejeros empresarios regresen al sector privado

El Ejecutivo modifica el anteproyecto para introducir “un régimen más laxo de incompatibilidades” después de una alegación presentada por la Consejería de Economía, encabezada por Pedro Ortega, ex vicepresidente de la Asociación de Industriales de Canarias

El cambio también afecta a José Manuel Baltar, consejero de Sanidad, exdirector de Operaciones de Hospitales San Roque y vicepresidente de la patronal de clínicas privadas

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José Manuel Baltar y PedroOrtega. (CANARIAS AHORA)

José Manuel Baltar y PedroOrtega. (CANARIAS AHORA)

El Gobierno de Canarias ha suavizado el régimen de incompatibilidades previsto en la denominada Ley de Estatuto de los Altos Cargos y Buen Gobierno, en la actualidad en fase de tramitación parlamentaria, para facilitar que, entre otros, los consejeros de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, y Sanidad, José Manuel Baltar, puedan regresar a su actividad profesional en empresas privadas cuando abandonen sus cargos sin tener que esperar a que se cumplan dos años desde la fecha del cese.

El Consejo de Gobierno aprobó en la sesión celebrada el pasado 5 de marzo la propuesta final del texto, que incluye una modificación al artículo 36.3 del anteproyecto, elaborado en 2015 por el anterior equipo de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a cuyo frente estaba el socialista Aarón Afonso.  El cambio obedece a una alegación presentada precisamente por la Consejería de Economía, que encabeza Ortega, ex vicepresidente de la Asociación de Industriales de Canarias (Asinca) y exdirector general de La Isleña, empresa especializada en la fabricación de pastas y productos derivados del cacao.

La nueva redacción del mencionado artículo de la Ley de Altos Cargos también afecta a  Baltar, que llegó al Ejecutivo regional procedente de Hospitales San Roque, donde ocupaba el puesto de director de Operaciones, y que también ocupó la Vicepresidencia de la Alianza de la Sanidad Privada Española y la Secretaría de la Asociación de Clínicas Privadas de Las Palmas. El área que rige, sin embargo, no ha presentado ninguna objeción al documento inicial sobre este aspecto.

En su redacción original, la norma canaria permitía que los altos cargos públicos que, con anterioridad a sus nombramientos, hubieran ejercido en empresas privadas pudieran reincorporarse a sus antiguos empleos sin incurrir en causa de incompatibilidad (es decir, sin tener que esperar dos años) sólo en el caso de que sus puestos de trabajo no estuvieran "directamente relacionados con las competencias del cargo público ocupado" ni pudieran "adoptar decisiones que afecten a este". Un tenor literal idéntico al que fija la legislación estatal en la materia (Ley 3/2015, de 30 de marzo) en el punto 4 del artículo 15, referido a las limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese.

Frente a esta posición, que deja poco margen a los altos cargos públicos que pretendan regresar de forma inmediata a sus empleos en el mismo ámbito de actuación del sector privado, la Consejería de Economía planteó una alternativa que limitaba la incompatibilidad a haber suscrito contratos o haber concedido subvenciones a esas empresas. La Viceconsejería de Administraciones Públicas, dependiente de Presidencia, rechazó esta propuesta, que consideró contradictoria tanto con la ley en vigor, suscrita en 1997, como con el espíritu de la nueva norma.

En un informe fechado en marzo del año pasado, Administraciones Públicas alegó dos razones para justificar su oposición. Por un lado, remarcó que las decisiones que puede adoptar un alto cargo con respecto a una empresa no se reducen a la adjudicación de contratos o subvenciones. Además, recordó que los cargos públicos ya están sujetos al deber de abstención, que imposibilita su participación en los procedimientos que atañen a las sociedades en las que prestaron servicios durante los dos años anteriores a tomar posesión.

Un único impedimento

Sin embargo, la observación de la Consejería de Economía no cayó en saco roto. A pesar de no aceptar de forma literal la modificación planteada por el departamento de Pedro Ortega, el Ejecutivo regional sí accedió a reformular el artículo para incluir, en sus propias palabras, "un régimen más laxo de incompatibilidades". En su redacción inicial, la norma impedía el regreso a la empresa privada en un plazo de dos años si el puesto de trabajo está directamente relacionado con las competencias del cargo público que había ostentado. Tras la modificación, el Gobierno abre más puertas al situar como único impedimento para la reincorporación el haber "adoptado o participado en las decisiones que afecten directamente a dichas entidades".

El anterior consejero de Presidencia, Aarón Afonso, propulsor de la norma, cree que la nueva regulación es "más genérica" y que, por lo tanto, habrá que analizar de qué manera se concreta y se aplica y a qué supuestos afecta. Por ello entiende que el artículo referido a la reincorporación a actividades privadas debe desarrollarse a través de un reglamento. "La Viceconsejería de Administraciones Públicas ha cogido parte de la propuesta de Economía y la ha plasmado desde un punto de vista más técnico. El artículo original era más duro".

El socialista explica que la ley fue concebida desde el respeto a la normativa estatal, con una fórmula que pretendía evitar las puertas giratorias, entendidas como el ingreso en empresas privadas de un perfil de cargo público sin experiencia anterior ni formación en el sector, y favorecer a la vez la incorporación a la administración de profesionales de reconocido prestigio del ámbito privado, sin cerrarle las puertas a su regreso a las empresas.

Afonso sitúa fuera de esta última categorización, "desde el máximo respeto a su profesionalidad", a José Manuel Baltar. Sostiene que su vínculo con la sanidad privada, con el papel que desempeña la concertación como "complemento" del sector público, puede generar un conflicto de intereses, tal y como se ha demostrado con la convocatoria del concurso para la renovación de los contratos de hospitalización con las clínicas privadas de media estancia. El consejero de Sanidad se ha abstenido de participar en este procedimiento y su firma ha sido sustituida en los pliegos y en las órdenes por la del consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Narvay Quintero. "Me cuesta entender que (Baltar) no haya formado parte de la licitación, que no tenga constancia de todo lo que se ha efectuado y que sea Quntero quien se haya reunido con los cargos directivos de la consejería para preparar los pliegos", manifiesta.

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