Ninguna ley obliga al Estado a cofinanciar la policía autonómica
La batalla que mantienen desde hace años Gobierno central y regional por la acogida y tutela de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a Canarias por mar y la financiación de la policía autonómica, es una cuestión “meramente política” y “puramente por dinero”, según el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna (ULL), Ángel Lobo.
Según este experto en las relaciones que mantienen entre sí las distintas administraciones, las leyes son claras en cuanto a quién debe asumir las competencias en ambos casos, por lo que considera el cruce de declaraciones entre los representantes insulares y del Estado dentro del ejercicio político y no jurídico, ya que ninguna norma legal obliga al Gobierno central a prestar apoyo al canario en ambos asuntos.
“El tema de la modificación es un tema político y CC no está en una buena situación ahora para pedir nada al Estado”, recalca Lobo, en referencia a la propuesta de los nacionalistas de reformar la Ley de Protección del Menor para que su tutela pase a ser considerada competencia del Gobierno central alegando que “es un tema tan de Estado como el terrorismo”.
Lobo explica que por la acogida de estos menores se generan muchos gastos, desde la arribada hasta el traslado que derivan en problemas de insuficiencia de servicios, colapso de los servicios por lo que considera que aquí “estamos hablando pura y exclusivamente de dinero”.
“Se generan problemas porque es una llegada inesperada que colapsa los servicios y los políticos se empiezan a interesar, no tanto desde el punto de vista humanitario sino del dinero, piden que se les ayude porque no tiene la culpa de ser la puerta de entrada de Europa”, relató, opinando que por estos motivos “es un problema de Estado y también deben colaborar las Comunidades Autónomas”.
En este sentido se refiere a Comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP), como Madrid o La Rioja, que se han negado a acoger un determinado número de estos menores a pesar de los acuerdos con el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Reforzar los cuerpos, mejor que uno nuevo
En cuanto a la financiación de la policía autonómica aclara que no existe ninguna ley de rango nacional que fije cual es la cuantía que deben aportar las distintas administraciones y que, en los casos existentes la colaboración estatal en la financiación se ha producido de diferentes formas, desde fijarlo en los Estatutos de Autonomía (caso gallego aún por aprobar) o a través de convenios, como con la Policía catalana.
“Esto es una cuestión política, si te doy más o menos”, considera Lobo, quien no cree que desde el Estado quieran darle mucha “cancha” a Paulino Rivero. “El Estado es receloso con este tipo de cuerpos policiales ?comenta- porque ya tiene experiencias muy graves y amargas con la Hertziana, es una policía muy utilizada políticamente y efectivamente es un tipo de cuerpo policial que también podría utilizarse de forma política en Canarias”.
Según el experto, el Estado no ve la constitución de la policía canaria como una prioridad a pesar de que CC “se escuda, por ejemplo, en el tema de la inmigración, aunque para eso está la Guardia Civil porque la inmigración sigue siendo una competencia estatal”.
Para Lobo, la pretensión de los nacionalistas no es más que un paso adelante “entre comillas” para seguir a la zaga de otros nacionalismos que también han exigido una policía autonómica y sostiene: “sería mucho más barato dotar de más medios a los cuerpos policiales que ya existen”.
De hecho, recuerda que muchas policías autonómicas se han creado a partir de efectivos de la Policía Nacional, porque “para crear un cuerpo policial se necesita personal con un cierto bagaje y experiencia profesional”. Lobo concluye que “lo más lógico”, en su opinión, sería dotar de más medios a los cuerpos policiales ya creados en Canarias.
