La Ley del Suelo “evitará” que se expropie a las personas que viven en un apartamento turístico
La nueva del Ley del Suelo que el Gobierno canario ha enviado al Parlamento dará una solución transitoria a quienes desde hace años poseen apartamentos turísticos a los que dan un uso residencial, al establecer que no pueden ser expropiados por ello, como marcaba la Ley Turística.
La consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto (CC), ha explicado este miércoles que será la reforma de la legislación turística que se acometerá en 2017 la que regulará definitivamente este asunto, pero también ha precisado que el Gobierno ha querido cumplir con el compromiso que asumió con el colectivo de afectados, compuesto en su mayoría por dueños de apartamentos en el sur de Gran Canaria.
Por ello, ha introducido una disposición adicional en la nueva Ley del Suelo que da una cobertura temporal a los usos residenciales, al considerarlos usos consolidados. Esa disposición transitoria impide que se aplique el mecanismo previsto en la actual Ley Turística, por el cual el propietario de un apartamento en una zona clasificada como turística puede ver como le expropian su uso si no quiere explotarlo, sino vivir en él.
Barreto destacó que es comprensible que la Ley Turística establezca un régimen de uso para los complejos de apartamentos, pero también ha defendido que ese régimen de nueva aprobación no puede ignorar los derechos de quienes tienen usos ya consolidados.
La Cotmac informará de competencias de la Comunidad Autónoma
La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), el organismo autonómico que durante años ha tenido la última palabra en el urbanismo, solo conservará la función de informar en la tramitación de los planes sobre asuntos de competencia autonómica.
El anteproyecto de nueva Ley del Suelo que el Gobierno de Canarias va a presentar al Parlamento establece, a partir de ahora, un procedimiento “monofásico” en el que el ayuntamiento o el cabildo implicado será el responsable, de principio a fin, de aprobar sus planes de ordenación o de urbanismo, recabando los informes correspondientes, sin someterse al filtro que hasta ahora ejercía la Cotmac, que valoraba previamente su legalidad y podía frenarlos.
La Cotmac unificará en un solo documento todos los informes que deben emitir las distintas consejerías involucradas, cuyo contenido será vinculante para el ayuntamiento o el cabildo que promueve el plan. Decidir si el ayuntamiento o el cabildo ha respetado las directrices de ese informe ya no será función de la Cotmac, sino que lo determinarán los tribunales, llegado el caso.
¿Qué ocurre si el Gobierno considera que el ayuntamiento o cabildo no respeta lo que estableció la Cotmac? “Pues que aprobará el plan, pero nos veremos en los tribunales”, resumió Barreto.
Para evitar que la tramitación de los procedimientos se demore en exceso (el Gobierno pretende que los planes municipales salgan en 22 meses), la Cotmac solo dispondrá de dos meses para emitir su informe preceptivo y vinculante. Transcurrido ese tiempo, el ayuntamiento o cabildo puede seguir con la tramitación del plan. Sin embargo, Barreto precisó que los informes de la Cotmac sobre cuestiones de competencia autonómica seguirán siendo vinculantes aunque se emitan fuera de plazo, por lo que el ayuntamiento o cabildo que decida seguir con la tramitación sin él a los dos meses, asumirá el riesgo de adaptarlo después.
Otra de las novedades de la tramitación de planes de ordenación insular o de urbanismo municipal consiste en que todas comenzarán con la evaluación de impacto ambiental, el filtro que generalmente más demora los procedimientos, para que desde el primer momento estén claros los límites que se marcan.
La consejera subrayó, de hecho, que la nueva Ley del Suelo parte de un criterio “conservacionista”, porque en ningún momento alterará los espacios protegidos de la comunidad autónoma ni los suelos catalogados con algún tipo de protección.
En cuanto a la composición de la nueva Cotmac, Nieves Lady Barreto aseguró que aún no se ha decidido, sino que se fijará en un reglamento que seguirá a la ley, una vez que el Parlamento haya aprobado esta. Pero sí ha adelantado su criterio: saldrán de esa Comisión los representantes de los cabildos y ayuntamientos, porque solo se va a informar sobre cuestiones autonómicas.
Objetivo: simplificar la “maraña normativa”
La nueva Ley del Suelo de Canarias surge con el propósito, además, de simplificar la “maraña normativa” que, a juicio de la Consejería de Política Territorial, existe en esta materia en el Archipiélago: una Ley del Suelo refundida de normas anteriores, leyes de directrices, directrices de ordenación y preceptos en materia de ordenación incluidos en legislación de otro tipo.
También se propone contar con el sector primario, que tradicionalmente se ha sentido al margen del diseño del planeamiento, lo que se ha traducido en la participación de ingenieros agrónomos en el comité que ha preparado el proyecto.
Una de las principales novedades al respecto es que “se da la vuelta” a la determinación de qué es suelo rústico. A partir de ahora, lo será todo aquel que no esté clasificado para otros fines.
La ley también pretende dar una salida en este ámbito a las explotaciones agrícolas y ganaderas que tenían problemas de autorización, a pesar de venir funcionando desde hace tiempo. En su caso, se les dará el beneficio de usos consolidados.
Otra de las novedades que incluye el anteproyecto de ley reside en el plazo en el que prescriben las órdenes de demolición dictadas por las administraciones en expedientes de disciplina urbanística: ahora el período se alarga de cinco a diez años.
