Madrid recuerda que no inició los expedientes de Hoya Pozuelo
El Ministerio de Medioambiente afirmó este miércoles que el Gobierno canario, y no este departamento, como afirmó este martes el consejero José Miguel Ruano, “ha ordenado el inicio y la tramitación de los expedientes sancionadores” en Hoya Pozuelo y “dictado la resolución ordenando el derribo de las viviendas”.
Así lo manifestó en un comunicado el departamento del Gobierno español, que destacó las “sorprendentes declaraciones” realizadas este martes por el portavoz en funciones del Consejo de Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, en relación a la demolición de un conjunto de chalés ubicados en la zona litoral de este núcleo residencial de Telde.
Según el Ministerio, Ruano atribuyó “incorrectamente” a este departamento “la incoación de expedientes y la competencia en la materia” y negó la participación del Gobierno canario en este asunto.
Al respecto, Medioambiente afirma que “nada más lejos de la realidad”, ya que “los expedientes sancionadores abiertos contra varios chalés en esa zona litoral fueron incoados y resueltos por la Agencia de Protección del Medio Natural y Urbano, dependiente de la Consejería de Medioambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias”.
Estos expedientes fueron incoados y resueltos por la citada agencia canaria al entender que dichas viviendas “están situadas sobre la zona de servidumbre de protección, adyacente el dominio público marítimo-terrestre, y que ello constituye una infracción tipificada en la Ley de Costas”, agrega el comunicado del Ministerio.
“La apertura de dichos expedientes responde a la competencia del Gobierno de Canarias, y no del Ministerio de Medioambiente, para la gestión de la zona de protección. En estos expedientes, el Ministerio de Medioambiente no ha tenido participación alguna, salvo la de acreditar la delimitación del dominio público marítimo-terrestre”, precisa el departamento del Gobierno español.
A juicio del Ministerio, “tampoco se ajusta a la realidad la afirmación” de Ruano “de que desde la Consejería de Medioambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias se han intentado soluciones con la Demarcación de Costas para evitar el derribo, pues eso no ha sido así en ningún momento, ni tampoco hubiera tenido sentido, pues la competencia para la gestión de esa zona es del” Ejecutivo regional, y no del departamento estatal.
Agrega el comunicado que, si tal como afirmó este martes Ruano, este asunto “tiene una solución posible, estaría en pleno ámbito de las competencias del Gobierno de Canarias alcanzar la pretendida solución, pero en ningún caso tendría atribuciones para ello la Dirección General de Costas del Ministerio de Medioambiente”.
