Mónica Quintana rechaza declarar en la comisión eólica del Parlamento
Mónica Quintana, que fue una de las primeras personas imputadas en este asunto y que ingresó en la prisión grancanaria del Salto del Negro el 14 de febrero de 2005, expresó todos sus respetos al órgano parlamentario pero prefirió acogerse al derecho “constitucional” de no contestar a ninguna pregunta de las que podrían formularse.
El diputado del Partido Socialista Santiago Pérez realizó una única pregunta a la compareciente “para que conste en acta”, en la que pedía a Quintana que confirmase si es verdad que abrió en su momento una cuenta corriente en una entidad bancaria domiciliada en Madrid pero que opera en otros países, entre ellos Luxemburgo. El parlamentario socialista quería saber con su pregunta si Mónica Quintana abrió dicha cuenta por indicación de su pareja sentimental, el entonces director general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo.
También preguntó Pérez a la funcionaria del Cabildo grancanario si obtuvo una tarjeta de crédito para movilizar los fondos de dicha cuenta y si en ella se efectuaron ingresos por parte de alguna persona del ámbito empresarial, en concreto Enrique Guzmán, o de otras personas supuestamente participantes en la trama formada para influir en la resolución del concurso de la energía eólica.
Sin preguntas de PP y CC
Los diputados del Partido Popular y de Coalición Canaria, Manuel Fernández y Belén Allende, respectivamente, declinaron formular pregunta alguna a la compareciente.
El juez Miguel Angel Parramón decretó en abril de 2005 la puesta en libertad bajo fianza de 50.000 euros de Mónica Quintana por colaborar con la justicia. A la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria se le imputan los delitos de cohecho y facilitar información privilegiada, igual que al ex director general de Industria, Celso Perdomo, a quien se le atribuyen además los de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
En la causa, que instruye Miguel Angel Parramón como titular del juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, figuran además como imputadas otras doce personas.
