Multarán al Ayuntamiento de Santa Cruz si no explica el retraso en el PGO
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife será multado si no da explicaciones por el retraso en el envío al Juzgado del expediente del PGO. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 ha advertido al consistorio a través de una diligencia de que si no explica el retraso “se le impondrá una multa”.
La medida se enmarca dentro de la causa abierta a instancias del portavoz socialista ante el Ayuntamiento, José Ángel Martín, que denunció el acuerdo plenario por el que se aprobó el PGO ya que, según aseguraba, “no se cumplió en su convocatoria con los trámites legales”.
El contenido de esta diligencia es claro: el consistorio debe informar, “en el plazo improrrogable de diez días”, de “los motivos por los cuales no ha sido remitido el expediente administrativo reclamado”. La orden judicial tiene fecha del 5 de abril, aunque no fue hasta el 13 que se comunicó al Ayuntamiento, por lo que el plazo para dar explicaciones se acabaría el próximo viernes, 23 de abril.
Además de reclamar la explicación de las causas, el Juzgado exige al Ayuntamiento que indique “la autoridad o empleado responsable”. La multa derivada de este retraso estará comprendida entre 300,50 euros y 1202,02 euros.
El objetivo de esta medida es que el Ayuntamiento remita al Juzgado el expediente de aprobación del PGO. De no ser así, una vez se conozca dónde está la causa del retraso, el secretario judicial que remite la diligencia plantea que “se reiterará la multa cada 20 días hasta el cumplimiento de lo requerido”.
Ánimo de “dilatar”
El portavoz del PSC en el Ayuntamiento dio a conocer esta diligencia judicial que está basada, según él, en el ánimo de “dilatar” que muestra el grupo de Gobierno.
José Ángel Martín valoró que “es absolutamente impropio que un Ayuntamiento como el de Santa Cruz trate de dilatar una resolución judicial no enviando un expediente administrativo al juzgado cuando este se lo requiere”.
El dirigente socialista explicó que “hay muy poquita voluntad en que se aclaren determinadas circunstancias judiciales”. Martín recordó que presentó el 4 de enero un recurso Contencioso-Administrativo donde reclamaba la suspensión del PGO “porque existen defectos de forma en la convocatoria del pleno”.
