Ondas malditas
El 29 de julio de 2010, el Gobierno de Canarias presidido por Paulino Rivero y con el exlíder del PP, José Manuel Soria, como número dos convocó el concurso público para el otorgamiento de licencias de prestación de servicios de comunicación radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia. En abril de 2012 sólo 12 empresas acumularon 123 de las 156 en liza. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ordenado la repetición de la baremación al haber existido criterios jurídicamente improcedentes por parte de la Mesa de Evaluación.
En el Archipiélago emitían alegalmente alrededor de 450 emisoras en 2010. Canarias disponía en 2011 de 156 licencias de comunicación radiofónica a otorgar, lo que daba al Gobierno de Paulino RIvero un gran margen para repartir al máximo número de empresas posibles. Por eso,resultaba incomprensible si no se aplicaba un baremo totalmente político cómo en 2012 se decidió concentrar 77 licencias (32+29+10+6) en cuatro empresas y que casi el 50% del reparto se agrupara en un bloque, obligando así al cierre de una treintena de pequeñas emisoras y perjudicando a alguna de las grandes cadenas.
Y es que nadie esperaba que empresarios y profesionales vinculados históricamente a la radio y de reconocido prestigio no lograran ninguna licencia y en cambio se otorgaran otras en número considerable a recién llegados.
Del total de las 156 licencias concedidas Canarias Difusión, conocido como 7,7 Radio, consiguió el 20% de esas adjudicaciones (32 licencias), y detrás se encuentró la emisora Kiss FM que obtuvo 29 licencias. Once fueron para Radio Faycan, 10 para Canal 4 (propiedad de Miguel Concepción, presidente del CD Tenerife y que también es propietario de Canal 11 que recibió seis licencias), siete para 9 Radio, seis para Canal 11 y Onca Cit, cinco para Onda 7, COPE y RK20, cuatro para FM Radio Canarias y Lancelot, tres para Punto Radio, La Opinión de Tenerife y Fuerteventura Media y dos a Cadena SER.
Las empresas informativas que no obtuvieron concesión administrativa alguna, o se vieron perjudicadas en determinadas áreas geográficas, denunciaron múltiples irregularidades para intentar anular este reparto resuelto en el Decreto 30/2012, de 4 de abril, ya con los socialistas como socios de gobierno de Rivero. Incluso, la juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife, Luisa Machado, imputó a los cinco miembros de la Mesa de Evaluación (Fernando Ríos Rull, Manuel Martín Almeida Peña, Cándida Hernández Pérez, David Bercedo Toledo y José Luque Brito) por presunto delito de tráfico de influencias, después de admitir a trámite la solicitud de la fiscal Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife, María Farnés.
Es cierto que en abril de 2015 el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife ordenó el sobreseimiento y archivo de actuaciones contra los miembros de la Mesa de Evaluación al no observar “ninguna actuación que tenga encaje en el Código Penal”.
Cambiar las reglas del juego
Sin embargo, un año después, las recientes sentencias TSJC que obligan al Ejecutivo a rebaremar los criterios de reparto explican perfectamente que no fueron cuestiones técnicas, sino políticas, las que hicieron que la propia Mesa de Evaluación modificara las valoraciones una vez abiertas las plicas, cambiando las reglas del juego cuando el partido estaba en marcha, manifestando que sólo cuando se conoció el contenido material de las ofertas los funcionarios crearon pautas nuevas de valoración.
Algo parecido a lo que en abril de 2011 decía el entonces portavoz parlamentario de Grupo Socialista, Francisco Hernández Spínola, al vaticinar que ese proceso adjudicador culminaría como el concurso de la Televisión Digital Terrestre (TDT), que fue anulado en su totalidad por los tribunales de justicia, porque la Mesa de Evaluación era absolutamente parcial y contraria a la directiva comunitaria y a la ley estatal que exige órganos independientes, motivo por el que el pleno del Parlamento había solicitado la suspensión del concurso.
“Si el Gobierno de Canarias en un acto irresponsable y burdo decide adjudicar las licencias a veinte días de las elecciones locales y autonómicas el concurso puede acabar en los tribunales”, decía en rueda de prensa el que pocos meses después fue consejero de Presidencia y avaló desde el Consejo de Gobierno, junto al resto de miembros socialistas, el decreto de abril de 2012.
Es más, en diciembre de 2011, medio año antes de la decisión, el vicepresidente y secretario general del PSOE canario espetaba en el Parlamento a la conservadora Australia Navarro que el PP estaba involucrado en el conflicto surgido a raíz del concurso público de licencias de radiodifusión, pues cuando éste fue convocado el PP aún formaba parte del Ejecutivo canario, destacando que en la Mesa de Evaluación también estaba el correspondiente representante de la Consejería de Economía y Hacienda, entonces dirigida por el líder popular, José Manuel Soria.
El PSOE se lavó las manos
Es cierto que los socialistas quisieron después lavarse las manos, como Pilatos, y filtraron a la opinión pública que no habían asistido a la parte del Consejo de Gobierno en que se aprobó el fallo, cayendo en un sonoro ridículo, toda vez que las decisiones del Ejecutivo son colegiadas y todos sus miembros comparten necesariamente los acuerdos si previamente no han dimitido o sido cesados, y ninguna de las dos cosas ocurrió.
Así que, aunque quieran usar la técnica del avestruz, Spínola o Pérez avalaron pese a su ausencia lo que ahora dice el Fundamento Jurídico Sexto de la sentencia del 29 de junio: que la Mesa modificó de manera sustantiva los criterios de valoración con posterioridad a la apertura del sobre nº 2 en relación a los boletines informativos y programas de actualidad establecido en las bases dando otra valoración distinta de la contenida en las mismas.
Otra alteración sustancial fue el de la valoración número 12 de las bases (Plan de ejecución de obras e instalaciones y plazos de ejecución y puesta en marcha de la emisora), que reflejaba una puntuación total de 20 puntos pero que la Mesa de Evaluación dividió en 3 subcriterios que sumaron un total de 30 puntos.
El proceso de adjudicación fue tan tortuoso que se produjeron un total de dos ampliaciones de seis meses. La primera el 28 de diciembre de 2010 y la segunda el 27 de abril de 2011. Entre ambas ampliaciones se prorrogó la adjudicación definitiva 4 meses (3 meses y 1 mes adicional).
Como afirmó el director de Radio 6 en Tenerife, Sergio Luis Mederos Cruz, en su ponencia Concurso de radios comerciales en Canarias: El reparto sin reparto pronunciada en el IV Congreso Internacional Latina de Comunicación Social celebrado en diciembre de 2012 en la Universidad de La Laguna, “las puntuaciones detalladas y la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Evaluación tras la valoración de los méritos a través de los criterios establecidos desencadenaron muchas reacciones de rechazo e indignación ya que tan sólo 12 empresas acumularon 121 adjudicaciones, por lo que propuestas y emisoras arraigadas en determinadas zonas geográficas habían quedado excluidas del reparto”.
Ataque a las emisoras de pueblo
Así, y como recordaba Mederos en aquella disertación, “las numerosas alegaciones que se presentaron contra la adjudicación provisional provocaron que la Mesa de Valoración volviera a revisar y puntuar las ofertas recibidas, pero el proceso sólo supuso cuatro cambios en las 155 frecuencias que se adjudicaron”.
Y, según concluía el también profesor de la ULL, “con la agrupación de muchas licencias en manos de unos pocos licitantes, se produjo un nuevo fenómeno: la casi desaparición de las radios locales arraigadas a una zona geográfica concreta”.
O, como él mismo denomina, el “evidente ataque frontal a las emisoras de pueblo en beneficio de las radios en cadena”, lo que chocaba con uno de los criterios de las bases: “premiar a los programas informativos, deportivos o culturales de un área geográfica que marcaba la adjudicación zonal”.
Con todo, la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones del Gobierno de Canarias ganó a principios de 2015 el primer asalto de la guerra judicial cuando el TSJC desestimó el recurso presentado por la COPE pidiendo la anulación al no valorarse la experiencia de los licitadores, tal y como consideran que es obligatorio y se ha hecho en otras comunidades autónomas en idénticas circunstancias. Aunque la Sala admitió que produjo desviación procesal, añadió que era insubsanable por la introducción de cuestiones no planteadas en el procedimiento administrativo.
“Ello ha de entenderse en sus justos términos, es decir, en el sentido de poder introducir nuevas razones o argumentos para fundamentar las pretensiones. Pero no en el de suscitarse cuestiones nuevas”, decía el TSJC a la COPE.
Revocar las sanciones
Ahora, sin embargo, reconoce al recurso presentado por la Cadena Ser que en el concurso se concedió la máxima puntuación a solicitantes que ofrecían cumplir con los requerimientos técnicos en plazos inferiores a una semana, algo que según los peritos es imposible, lo que perjudicó a emisoras que ya estaban en funcionamiento, por lo que hay que repetir la baremación.
Algo en lo que coinciden los propios Servicios Jurídicos del Gobierno cuatro años después, que “consideran acertados los pronunciamientos esenciales contenidos en las sentencias dictadas hasta ahora sobre esta materia, coincidiendo en su fundamentación y en que la interposición de recurso tiene escasos visos de prosperar”.
Ahora falta saber si el Gobierno accede a lo que pide el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez:, revocar o revisar la sanción a varias emisoras de radio (San Borondón en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Murión en La Palma y Onda Herreña en El Hierro) por emitir sin la preceptiva licencia habilitante, “ahora que se demuestra que fue ilegal” la adjudicación.
Como queda constatado, el culebrón de las ondas radiofónicas malditas está lejos de concluir tras las recientes sentencias del TSJC, y aún le queda recorrido.
