El Parlamento canario convalida el decreto urbanístico de La Palma con la abstención de PSOE y NC-BC

El Parlamento de Canarias ha convalidado este miércoles en un pleno extraordinario el decreto urbanístico de reconstrucción de La Palma tras la erupción en Cumbre Vieja con la abstención de los grupos Socialista y Nueva Canarias-Bloque Canarista.

El texto, por unanimidad de todos los grupos, será tramitado como proyecto de ley por el trámite de urgencia.

La línea argumental de la norma ha sido la de garantizar a cada afectado el derecho de propiedad sobre su parcela, devolverles el valor de lo perdido y permitirles que puedan acometer la reconstrucción de sus propiedades, fueran legales o no.

Así, en la zona donde la lava tiene menos de 10 metros de espesor o zona verde se permite a los afectados llevar a cabo la reconstrucción, solo condicionada a obtener la preceptiva licencia municipal, y en las zonas de más de 10 metros de espesor de colada (zona amarilla) se permite también la reconstrucción, condicionada a que los informes científico-técnicos del Cabildo de La Palma avalen la seguridad de la reconstrucción conforme a que la colada de vaya enfriando.

En cuanto a la zona roja está sujeta a medidas cautelares a la espera de la delimitación del Espacio Natural Protegido, lo que impide llevar a cabo cualquier actuación de recuperación.

La consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha afirmado que este decreto crea el “primer precedente normativo” para futuras erupciones (“sabemos que va a pasar”, ha dicho) y que “blinda” los derechos de los afectados.

Ha indicado que se va a complementar con otros tres decretos más y la futura ley de volcanes y recordado la “lucha” de los palmeros durante dos años que no cesaron en reclamar sus derechos.

Ha dicho que el decreto ya fue validado por unanimidad por la comisión general de cabildos y por el Consejo Consultivo, con aclaraciones, y ha adelantado que se va a tramitar como proyecto de ley para garantizar aún más la “seguridad jurídica” del documento.

Barreto ha afirmado que este decreto “es el primer paso” para impulsar la reconstrucción de La Palma, a lo que se suman los 150 millones de euros anuales comprometidos por los gobiernos central y canario.

“Un punto de inflexión”

Además ha mostrado su deseo de que este decreto “sea un punto de inflexión” al tramitarse como proyecto de ley porque permitirá que se incluyan “aportaciones” de todos los grupos pese a que en la pasada Legislatura “las negaron todas”.

ASG y AHI, los dos grupos minoritarios que apoyan al Gobierno de CC y PP, también han votado a favor.

Raúl Acosta (AHI) ha comentado que su grupo está a favor de la recuperación económica y social de la isla y que se haga “forma rápida”, y en ese contexto ha enmarcado el decreto que ayuda a dar “seguridad jurídica”. Ha advertido de que si se tarda mucho en iniciar la reconstrucción el desarraigo será “irreversible” y entiende que este decreto abre una “oportunidad de futuro” ante otras erupciones que se puedan presentar en el archipiélago.

Jesús Ramos (ASG) ha indicado que hay que dotarse de “herramientas” ante futuras erupciones y el decreto es un “compromiso” del Gobierno con la isla y la reconstrucción, al igual que lo tuvieron los gobiernos de todas las administraciones en la pasada legislatura.

Ha dicho que el texto responde a las necesidades de los afectados porque les permite reconstruir sus casas y no abandonar la comarca del Valle de Aridane, de tal manera que apoya que se pueda “devolver lo perdido” y la valoración económica a precio de mercado anterior a la erupción.

Ramos ha pedido una compensación “singular” para los damnificados que han quedado encuadrados en la zona roja y se ha mostrado a favor de que el decreto se tramite como proyecto de ley.

Viviendas turísticas en suelo protegido y “pelotazos”

Luis Campos, portavoz de NC-BC, se ha mostrado a favor de que los afectados deben recuperar sus derechos “pero no todos con las mismas medidas”, subrayando que el decreto no es bueno “porque genera más incertidumbres que soluciones”.

Ha comentado que solo será “eficaz” para quienes tengan más recursos dado que algunos tendrán que costear los servicios y lamentado que no se puede aplicar que se pueda construir sobre suelos protegidos segundas residencias o viviendas de alquiler vacacional.

“Hay que recuperarlas pero por otros mecanismos y otros medios”, ha señalado, apelando a que se diseñe un urbanismo “ordenado” y que no fomente la “dispersión”.

Alicia Vanoostende (PSOE) ha tildado de “decepcionante” la gestión del Gobierno de Canarias con La Palma, poniendo como ejemplo que las ayudas agrícolas se han pagado “más tarde que nunca” y “no se sabe nada” del decreto agrícola.

Ha criticado al Ejecutivo de utilizar a La Palma de “excusa” para promover “pelotazos urbanísticos” en suelo rústico y se ha mostrado en contra del decreto porque sus medidas no incluyen soluciones para todos los afectados.

Ha apuntado que “hay afectados de primera y de segunda” porque los que tienen propiedades en zonas con más de diez metros de altura “se quedan en un limbo” y a la espera de que la lava se enfríe. “¿Les decimos que esperen diez años?”, se ha preguntado.

Para el PP, sienta un precedente ante futuras erupciones

Raquel Díaz (PP) ha afirmado que esta norma es “muy esperada” por los damnificados por la erupción porque fija las condiciones de la reconstrucción, si bien ha advertido de que no da “respuestas inmediatas” a muchos de ellos.

Ha indicado que el decreto “no es una foto fija ni inamovible” pero permite “avanzar” en un proceso que no se puede eternizar y aunque “no hay varitas mágicas”, ha pedido al Gobierno que siga trabajando “para no dejar a ningún palmero atrás” y que la isla pueda salir reforzada.

Diana Lorenzo (CC) ha indicado que con este decreto se marca la “senda” de la recuperación de la isla y se sienta un “precedente” para futuras erupciones, ha afeado a los dirigentes socialistas sus intentos para sacar adelante los decretos en la pasada Legislatura y ha reivindicado el voto de CC en las Cortes para obtener fondos para la isla.

Ha dicho que el decreto va a empezar a “dar soluciones” a los problemas de la isla, ha pedido unanimidad y consenso a todas las fuerzas políticas y señalado que el texto es vivo y abierto a mejoras. “Con esta norma se recupera la dignidad de nuestra gente”, ha explicado.