El Parlamento urge al Gobierno a “impedir la actividad extractiva en los barrancos de Güímar”
Por unanimidad, con los votos incluso del Grupo Nacionalista que sustenta al Gobierno en minoría que preside Fernando Clavijo, el Parlamento ha mandatado este miércoles de forma urgente al Ejecutivo a “elaborar los informes jurídicos y técnicos y la aprobación de los instrumentos correspondientes con el objetivo de impedir la actividad extractiva en los barrancos de Güímar” y, además, “los proyectos que sean necesarios para garantizar el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife” contra los empresarios condenados por delito ecológico.
Y deberá hacerlo “de manera coordinada con los trabajos de la Comisión de estudio que, a tal efecto, se cree” en la Cámara regional, como ha propuesto el Grupo Popular, toda vez que es un “asunto complejo, conflictivo y controvertido no exento de intereses”.
De esta forma, y como aseguró el impulsor de la iniciativa, el socialista Gustavo Matos, la Cámara regional “pone a trabajar a un Gobierno que ha hecho dejación de sus funciones durante un tiempo que ha corrido en favor de los condenados”. Y lo hace tras haber rechazado en abril la proposición legislativa impulsada por el Cabildo de Tenerife por entender que con la misma sería la Comunidad Autónoma la que acabaría haciendo un desembolso económico que corresponde a los condenados.
Y es que la sentencia de enero de 2015 contra los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia (condenados a un año y tres meses de prisión por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por la extracción ilegal de áridos en los barrancos de Güímar, si bien ninguno ha sido encarcelado al ser la pena inferior a dos años) fijaba expresamente que ellos deben hacerse cargo de las “medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico” en la zona, para lo que las administraciones deberán realizar un plan de restauraciones.
Un plan que el Gobierno de Canarias aún no ha elaborado, como reconoció en sede parlamentaria el pasado 9 de mayo el consejero de Economía e Industria, Pedro Ortega, durante la interpelación que originó la moción aprobada este miércoles por unanimidad y que, en virtud de la sentencia, debe estar aprobado antes de enero para evitar, como dijo Matos, que los empresarios “se vayan de rositas” por el “vacío de acción” que ha tenido el Ejecutivo de Clavijo.
“Han transcurrido 16 de los 24 meses que la sentencia dio al Gobierno de Canarias”, recordó la conservadora Cristina Tavío.
Sin repercusión presupuestaria
Por tal motivo, y a instancias del Grupo Nacionalista, el Parlamento también insta a que “en ejecución de las referidas sentencias, con cargo a los condenados” se elaboren planes de restauración minera que conformen un Plan Integral de restauración de todo el ámbito de los barrancos de Güímar en coordinación con el ayuntamiento y el Cabildo.
Unos instrumentos que, además, deben garantizar que “no conlleven repercusiones presupuestarias para la Comunidad Autónoma”
“La iniciativa del Grupo Socialista consigue que el Gobierno cumpla con su deber y actúe, y el Parlamento insiste en que paguen quienes fueron condenados por sentencia y no haya más extracciones”, resumió el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, al anunciar su voto favorable a la iniciativa de Matos.
Concepción Monzón, de Podemos, incidió en que “hay que poner solución a lo hecho en Güímar y queda poco tiempo para hacerlo”, aunque también manifestó que “nos preocupan los planes sobre el uso que se va a dar a estos barrancos, pues pueden beneficiar al final a los empresarios condenados”.
Por su parte, Jesús Ramos (ASG) dijo entender “el desánimo de los ciudadanos de Güímar, y hay que hacer algo de una vez por todas”, incluyendo al Gobierno del Estado “debe revisar la normativa” para evitar que los derechos indemnizatorios existan aunque no haya actividad ni permisos concedidos.
Más que el oro
Por ello, el Parlamento también mandata al Estado a “promover la modificación de la legislación estatal de minas adaptándola a la distribución competencial que regula la Constitución”, a la vez que a “promulgar la normativa sectorial reguladora de la actividad extractiva en Canarias teniendo en cuenta el valor estratégico de estos recursos en el Archipiélago”.
Pues, como recordó el socialista Matos, “en Canarias es más beneficioso extraer áridos que extraer oro”.
