El pleno de lo Contencioso asume el 'caso Canódromo'
Será el pleno de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) quien dicte una nueva sentencia sobre el caso Canódromo, de nuevo en primera línea de la actualidad también por la reapertura de la investigación por la vía penal.
La Sección Segunda ha admitido la petición de la representación legal de Avecalta, asociación de vecinos denunciante, de que sean todos los magistrados los que tomen parte de la deliberación, votación y fallo ordenada por el Tribunal Supremo al TSJC contra su sentencia de 2008 que anulaba el Plan Parcial e indirectamente los planes generales de 2000 y 2005 que daban cobertura legal a la construcción de las dos torres ahora paralizadas.
Avecalta solicitó a la Sección Segunda el 7 de marzo pasado la convocatoria de todo el plenario, al haber cambiado aquella de magistrados con respecto a los que dictaron la sentencia de 2008, y con el fin de evitar que en un nuevo fallo con jueces recién incorporados las partes pudieran alegar indefensión. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se adhirió a su petición y tanto la constructora de las torres, Realia, como el Gobierno de Canarias, se negaron.
La motivación se debe a que tanto la ponente de 2008, Inmaculada Rodríguez Falcón, como el actual presidente de la Sala, César García Otero, han pasado a la Sección Primera, y de los magistrados que conocieron el caso hace cuatro años en la sentencia casada sólo queda en esa instancia la presidenta de la Sección Segunda, Cristina Páez Martínez Virel.
El TSJC se limitó a informar este jueves de que la Sala señala el 17 de abril como día de deliberación, votación y fallo de la nueva sentencia ordenada por el Tribunal Supremo, al considerar incongruente y sin motivación adecuada la sentencia de 2008 que anuló el Plan Parcial del Canódromo aprobado el 31 de octubre de 2003 durante el mandato de Pepa Luzardo (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Ese Plan Parcial todavía ilegal hasta el nuevo fallo del TSJC -el Supremo no entró en el fondo de la cuestión al ser jurisdicción regional, ni siquiera en la presunta desviación de poder de la exalcaldesa y ahora senadora determinada por el alto tribunal canario en 2008- fue el que dio cobertura al Ayuntamiento para conceder a Realia las licencias de obra de las dos torres del mar, a medio terminar desde que se les retirara las mismas a consecuencia de la sentencia ahora en revisión.
