La Policía Local advierte que no puede garantizar la seguridad
La Unión Sindical de la Policía Canaria (USP) ha convocado asamblea general de la Policía Local el día 21 de abril, con el objeto de llevar a votación la declaración de conflicto colectivo al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y el inicio de movilizaciones como manifestaciones a las puertas de la recién inaugurada Casas Consistoriales.
El secretario general de USP, Víctor García, asegura en un comunicado que el concejal de Seguridad, Jesús González Dumpiérrez, “va camino de convertirse en el peor concejal que ha tenido la Policía Local” de la capital grancanaria, “con la complicidad de la política del PSOE” en el grupo de gobierno.
Así, critica que “desde que asumió la Concejalía hace tres años, el deterioro que ha sufrido el servicio que presta la Policía Local, así como las penosas condiciones laborales en las que trabaja diariamente la Policía, se deben exclusivamente a una política de seguridad basada principalmente en la dejación absoluta por parte de la Corporación en asumir sus responsabilidades”.
Entre las razones que los agentes de la Policía Local sostienen que le llevan a declarar un conflicto colectivo figura la “situación actual de la segunda actividad sin destino y con destino”, con incumplimientos y perjuicios a los veteranos.
Argumentan que “hay más de cien policías con más de 60 años” y recuerdan que la ley establece el derecho a los 63 años a la Segunda Actividad sin destino, siendo sustituido por un Policía de nuevo ingreso financiado por el Gobierno de Canarias. Ello “sólo se debe aprobar por el pleno”.
Transmisiones ''obsoletas''
Igualmente, denuncian las condiciones de trabajo actuales, en relación al Servicio de Transmisiones, vehículos en mal estado y vestuario.
“No podemos garantizar nuestra propia seguridad con unas transmisiones obsoletas y en mal estado, por lo que se hace complicado garantizar la de los ciudadanos. El Gobierno de Canarias ha establecido el sistema Tetra, sólo hay que dotar a la Policía de emisoras compatibles con este sistema”, añadió García.
Además, cuestionó la política de personal, con perjuicios a compañeros de baja laboral por haber sido agredidos o haber sufrido accidente en persecuciones y a quienes se les descuenta casi 3.000 euros en las nóminas al año.
“Se castiga económicamente a los Policía que en cumplimiento de su deber acaban lesionados y de baja laboral”, apostilló.
En este sentido, insistió en que la Policía tiene una carencia de 300 policías y “se sigue retrasando la incorporación de nuevos agentes a un año de que finalice la legislatura”.
El representante sindical criticó también que el grupo de gobierno “no convoca a los sindicatos y no se buscan soluciones negociables”. “Se ha generado un sentimiento en la Policía Local de desmotivación profesional por una política de seguridad abstracta, sin objetivos, sin definición”, sentenció García.
