El PP no rechaza rescindir el convenio
El Grupo Popular no se ha sumado al pronunciamiento de la Cámara regional de oponerse a la rescisión del Convenio de Carreteras, una posibilidad que ha dejado en el aire la ministra Ana Pastor al anunciar una inversión de 1.300 millones de euros en las carreteras peninsulares en 2013 mientras estudia la resolución del convenio con Canarias.
“Que el Gobierno de España esté planteándose, si quiera, esta posibilidad resulta de una gravedad extrema para los intereses de las Islas y supone un retroceso de casi veinte años en las relaciones Canarias-Estado”, ha asegurado el socialista Julio Cruz.
El diputado, que fue el encargado de defender en la Cámara el texto por el que el Parlamento “muestra su oposición a la rescisión del citado convenio” al considerarlo “prioritario y estratégico para el desarrollo económico y social de las islas, así como para la cohesión territorial de Canarias”, recordó que la inversión en infraestructuras del Estado en Canarias es una “obligación legal” que tiene su anclaje en el artículo 138.1 de la Constitución, que establece la obligación de atender el hecho insular.
Además, dijo que el Estatuto de Autonomía “es la apoyatura legal de esta obligación del Gobierno de España” y remarcó que la “rescisión unilateral del convenio supone también la vulneración del REF”.
Cruz reiteró que el recorte “unilateral y sin previo aviso ni negociación por el Gobierno del PP”, supuso un recorte de 138 millones de euros (-67 por ciento), pasando de 207 a 68 millones en 2012, y de 153 en 2013 (-74 por ciento), pasando de 207 a 54 millones de euros la financiación estatal del acuerdo.
Indemnizaciones
En total, “un ajuste en dos años de 291 millones” que, a su juicio, “se ha ejecutado sin tener en cuenta las obligaciones contraídas por el Gobierno de Canarias con las empresas para realizar las obras que estaban siendo objeto de ejecución”.
Por ello, Cruz advirtió de las consecuencias adicionales para las arcas públicas: “el abono de indemnizaciones cuantiosas con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias”.
Y aún más, “la total paralización de las infraestructuras viarias de las Islas, con el consiguiente reflejo en el aumento importante del desempleo”.
Precisamente, el nacionalista José Luis Perestelo presentó una enmienda al texto socialista para que la Cámara regional muestre “su apoyo al recurso jurisdiccional interpuesto” por el Gobierno ante la Audiencia Nacional para exigir al Ministerio el cumplimiento del Convenio.
Alarma innecesaria
Todos estos argumentos no sirvieron para convencer a los diputados conservadores, pues Fernando Enseñat subió a la tribuna de oradores recordando que “no hay dinero” por culpa de la crisis y de la nefasta gestión del anterior Ejecutivo que presidía José Luis Rodríguez Zapatero.
Además, consideró que el gabinete que preside Paulino Rivero estaba “alarmando innecesariamente y sin fundamento” a los canarios en asuntos “sensibles”, tales como el propio Convenio como la bonificación del descuento a los residentes.
Por ello, consideró necesario que el Gobierno regional “cese en su estrategia de confrontación” con el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.
