Los promotores de La Bufona ''ocultaron información''
El dueño de los terrenos de La Bufona y denunciante del caso, Eduardo Murillo, ha apuntado a una posible estafa por parte de los promotores de la urbanización construída en Arrecife que pudieron haber ocultado información sobre las irregularidades de las casas a los compradores. Murillo ha destacado, sin embargo, que ninguno de los propietarios afectados por las demoliciones parciales ordenadas por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha denunciado a los responsables de las obras ejecutadas sobre terrenos rústicos.
Según Murillo, los propietarios afirman que compraron sus viviendas en un perímetro ya definido por muros de cemento sin saber que el terreno de su interior estaba catalogado como rústico de protección y valor natural ecológico. Entre los compradores afectados por los derribos figuran la presidenta del PP de Lanzarote, Astrid Pérez y el ex fiscal coordinador en la isla, Miguel Pallarés, actual fiscal de Las Palmas.
El propietario del suelo sobre el que se asientan las obras que se ha ordenado derribar, denunció el caso tras detectar que le habían sido usurpados terrenos catalogados como rústicos para construir las viviendas. Murillo apunta que la posible estafa podría darse “en el momento que la vendedora declara en escritura de compraventa, que las viviendas estaban libres de cargas y gravámenes, cuando esto significaría faltar deliberadamente a la verdad, dado que la promotora Brisa Inversiones procedió a venderles unas viviendas que se encontraban afectadas por un expediente por infracción urbanística grave de la Apmun, por una denuncia penal de la Guardia Civil y por un procedimiento contencioso administrativo que ha dado lugar a la declaración de nulidad radical de este planeamiento de La Bufona del arquitecto Federico Echevarría”.
Sin embargo, el demandante no se explica por qué los propietarios de las viviendas no imitaron a los afectados por el plan parcial de Playa Blanca, en Yaiza, denunciando a los promotores “si estos compradores entienden que se les ha engañado, que sin tener conocimiento de ello se les vendieron unas viviendas ilegalizables que ocupan un terreno que estaba catalogado como rústico de protección y valor natural ecológico, sin explicarles los problemas jurídicos que tenían estas casas”.
Destaca igualmente que “si los propietarios tienen el convencimiento que la promotora Brisa Inversiones conocía la situación irregular de las viviendas que les vendía y no les informaron de ello, pudiera implicar un comportamiento doloso, además de quebrantar un elemental principio de buena fe integrado por el deber de informar, como también quebrantaría este principio, el que posteriormente a los contratos privados y previamente a la pretendida firma de la escritura pública, no informase la vendedora a estos compradores de la existencia de conflictos jurídicos y expedientes administrativos por infracción urbanística grave relacionados con estas viviendas”.
