El PSC pide a la Cotmac que devuelva el PGOU de Santa Cruz
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pedirá a la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que devuelva al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la revisión del PGOU de la ciudad, al entender que el plazo para darle el visto bueno caducó el pasado 8 de septiembre, por lo que se habría producido un silencio administrativo en contra de su aprobación.
Sin embargo, todo lo que envuelve al polémico Plan General de Ordenación no es tan fácil de resolver. El abogado Felipe Campos, que a su vez es portavoz de la Plataforma contra el Plan, sostiene tajante que el PGOU ya habría sido denegado y solo falta que se declare oficialmente nulo con su devolución al Ayuntamiento“. El PSC, en boca de su portavoz municipal José Ángel Martín, afirma en contra que ”la opinión de Campos es su opinión, muy válida como jurista, pero un texto de tanta envergadura no puede darse por nulo solo porque su resolución haya caducado“.
Devolver el texto, esencial
Y es que la devolución del texto por parte de la COTMAC no es cuestión baladí. Es el gesto imprescindible. De ahí la iniciativa de los socialistas chicharreros, que anuncian una vez más (ya lo hicieron en julio pasado) la devolución del documento como señal de que no ha pasado su aprobación y debe rehacerse. Pero en el camino quedan asuntos de más calado por dilucidar, como por ejemplo, todos los que investigan en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife la fiscal delegada para delitos medioambientales, Inmaculada Violán, y la fiscal anticorrupción, María Farnés Martínez.
Mientras Violán se ocupa de todo lo que concierne a Las Teresitas y su derivado caso Mamotreto, que salpica de lleno al Ayuntamiento con ramificaciones en el caso Parque Marítimo y Fórum Filatélico, Martínez se ve enredada en los mismos casos de su compañera fiscal, además de la colocación en la Gerencia de Urbanismo de una trabajadora a cuenta ajena por un empresario que se beneficiaría de contrataciones del Ayuntamiento (Caso Lerena, desvelado por CANARIAS AHORA).
Entre medias quedan el caso García Cabrera, cuyas obras de remodelación son investigadas por la fiscal de medioambiente, ya que hubo obras adjudicadas, en teoría, a dedo. Fórum Filatélico es investigado por la Audiencia Nacional, ya que tiene ramificaciones en otras provincias, y para más inri, se ha sumado a María Farnés Martínez la posible financiación ilegal de partidos mediante compra de bragas y otras facturas sospechosas a cargo del PP.
¿En suspenso?
Para echar más leña al fuego, las últimas declaraciones del consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, en las que sostiene que el PGOU queda en suspenso hasta que se apruebe una ley por la que las viviendas que el texto deja fuera de ordenación tengan “todas las garantías legales”.
En palabras de José Ángel Martín, que no se cree que el PGOU haya sido rechazado como sostiene su hasta ahora compañero de viaje, Felipe Campos, esas declaraciones de Berriel a La Opinión de Tenerife, indican “que se mintió, que las viviendas no quedan en mejor situación jurídica, como proclama la directora de la Gerencia de Urbanismo, Luz Reverón (CC), y que se ha mentido a los vecinos. Por eso pedimos a la COTMAC que devuelva el documento que no ha aprobado para redactar uno nuevo”.
Seis millones de euros, tirados.
Si esto fuese así, tener que rehacer el PGOU, que es lo que claman los vecinos, supondría tirar a la basura mil cien millones de pesetas (6.600.000 euros), pagados a los redactores del Plan General, los arquitectos Palerm y Tabares de Armas, que a su vez habrían sido beneficiados al poder construir en el suelo no urbanizable del Barranco de Santos, que han reconstruido por entero.
En la Plataforma contra el PGOU, al igual que entre las filas socialistas, no tienen tan claro que el Plan, tal y como está redactado, sea ya nulo. “Se buscarán triquiñuelas para sacarlo adelante”, sostiene José Ramos Arteaga, uno de los principales activistas contra el Plan. “El 80% de los integrantes de la COTMAC están presionados por los poderes políticos”.
“Es cierto que ha pasado el plazo para su aprobación, pero lo mismo hemos vivido con el PGOU de Arona, que fue devuelto en silencio, sin aspavientos ante la opinión pública y ahora sus vecinos tienen expuesto un nuevo Plan sobre el que opinar. Pero seguro que con el de Santa Cruz hay alguna chapuza que tumbe toda la legalidad”, vaticina.
