El PSC exige la dimisión inmediata de Inés Rojas
La diputada socialista Francisca Luengo ha exigido este miércoles la dimisión “ipso facto” de la Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, por su “mala gestión” en la aplicación de la Ley de Dependencia y por culpar de la saturación del sistema “a los que más la padecen”, excusando los retrasos en un exceso de peticiones, “en el colmo de la insensibilidad social”.
En declaraciones al programa El Correíllo, de CANARIAS AHORA RADIO, la diputada socialista criticó la política “de mentiras” que “a diario” ejerce el Ejecutivo formado en coalición por CC y PP, cuando las Islas se sitúan a la cola de todas las Comunidades Autónomas en materia de dependencia.
De esta manera, aseguró que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en su intento de “dar transparencia” a la ley, publica cada mes a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) datos oficiales de la aplicación en cada comunidad autónoma. Además, recuerda, “fue la propia consejería vía parlamentaria la que nos facilitó hace meses el dato de las 1.500 personas que han fallecido” sin recibir la ayuda.
“Si la tramitación durara menos, los familiares de las personas dependientes tendrían la posibilidad de tener un alivio económico”, lamentó Luengo, que tildó de “trampa” el gasto de más de 130 millones que el área regida por Inés Rojas dijo afrontar en 2009 para atender a más de 30.000 dependientes. En este sentido, señaló que, con esos fondos, se financian todos los servicios sociales y no sólo los referidos a dependencia. “Ni la consejera ni Claudina Morales saben distinguir entre una persona dependiente y una mayor de 65 años que está en una residencia”, aseveró.
Asimismo, volvió a denunciar el “boicot” que el Ejecutivo regional ha realizado a la Ley de Dependencia, que ha comenzado a aplicar en 2008 cuando, en otras comunidades, como Andalucía “ya estaba colmatado en 2007”. La diputada socialista apuntó que la dilatación en la tramitación de expedientes (más de 30 meses), “se acabará” tras el acuerdo al que ha llegado el Ejecutivo central con todas las Comunidades Autónomas para que se resuelvan todos los expedientes antes del 30 de junio.
Por otra parte, ha anunciado que su grupo parlamentario instará al Ministerio Fiscal para que adopte iniciativas a este respecto.
