Los que salvaron el derribo piden ahora tirarlo
Mismo hotel, mismos trabajadores, opuestas posiciones. El hotel Maspalomas Oasis, de la cadena RIU, cerraba este domingo sus puertas con los sentimientos de los trabajadores a flor de piel. Su portavoz, Carlos Pulido, declaraba a la prensa que ahora se han encontrado con “la sorpresa mediática de bloquear su demolición”. En 1983, la postura de los trabajadores salvó ese mismo hotel de la demolición ordenada por el Tribunal Supremo en una sonada sentencia que ponía de manifiesto que invadía suelo de uso público y que el resto del palmeral no se podía privatizar. Treinta años después, los trabajadores son los que quieren que se derribe el inmueble en medio de una sonada polémica sobre su posible declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) y con el resurgir de la incierta titularidad del suelo en el que se pretende levantar el nuevo hotel de la cadena mallorquina.
Treinta años después de aquella decisión de la Comisión Provincial de Urbanismo, el equivalente a lo que hoy es, con competencias regionales, la Cotmac (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias), son los trabajadores y los propietarios del establecimiento los que defienden su demolición alegando que el edificio ha quedado obsoleto y certificando ante la Administración que está literalmente en ruina. La falta de un mantenimiento adecuado, al que por ley están obligados todos los propietarios, y la ausencia de reformas profundas, ha conducido a la declaración de ruina a la que se aferra la cadena RIU para justificar su demolición y la sustitución por otro hotel con cuya construcción colmataría toda la edificabilidad de la parcela del palmeral, hasta ahora preservado aunque con uso privado del hotel.
El Ayuntamiento alegó en 1983 que había que mantener el hotel “por razones económicas, sociales, turísticas y ecológicas”
Según el acta de la reunión de la Comisión Provincial de Urbanismo de 22 y 23 de septiembre de 1983, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, entonces presidido por Francisco Araña del Toro, que acababa de revalidar su mayoría absoluta, solicitó la apertura de un periodo de prueba y el mantenimiento del hotel aduciendo “razones económicas, sociales, turísticas y ecológicas”. Es el mismo Ayuntamiento que 30 años después ha estado a punto de otorgar las licencias de demolición y de construcción del nuevo Maspalomas Oasis por silencio administrativo ante las presiones de la cadena RIU y sin atender los requerimientos de la previsible apertura de un expediente de declaración BIC para el mismo edificio que tanto se defendía entonces.
Los trabajadores del hotel también alegaron ante la Administración en 1983 que la demolición del Maspalomas Oasis por orden del Supremo podría provocar “la previsible desaparición de los puestos de trabajo”, siempre según el acta de la Comisión Provincial de Urbanismo, por entonces presidida por el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias José Medina Jiménez.
La presión de los trabajadores y del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana surtió efecto, por lo que la demolición del hotel quedó suspendida. Pero ese acuerdo del órgano colegiado gubernamental tenía otros puntos que no se han cumplido.
Así, en su segundo considerando, la Comisión de Urbanismo recuerda que la sentencia del Supremo no solamente ordenaba demoler el hotel por ilegal, sino que también anulaba la modificación del Plan Parcial El Oasis “por la descalificación de dos extensas zonas verdes de uso público”, así como por “la privatización” de dos parcelas, las señaladas con las letras A y D, la primera con una superficie de 26.435 metros cuadrados, y la segunda de 5.106.
No se ha cumplido la parte de la sentencia que anulaba la privatización del palmeral, que ahora lo pretende ocupar RIU
Por eso, en su siguiente considerando, el acuerdo de la Comisión de Urbanismo dice textualmente: “La Comisión estima primordial la conservación del conjunto de paisajes naturales parcialmente protegidos por el Real Decreto de creación de la Junta Provisional de Protección de las Dunas de Maspalomas, con voluntad de ampliación expresada por ésta al lago y al palmeral, mediante la declaración de Paraje Natural de interés nacional, instando en este sentido, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo a que tome en consideración este criterio al ejecutar la totalidad de la sentencia, a fin de que por el órgano competente se tomen las medidas de planeamiento adecuadas para la preservación de los espacios naturales antes indicados, que garanticen su pleno uso y disfrute por toda la comunidad”.
La situación actual muestra a las claras que la primera parte del acuerdo, la de amnistiar al hotel Maspalomas Oasis, se ejecutó a la perfección. No así la segunda porque, treinta años después, los propietarios del palmeral siguen siendo los dueños del establecimiento, que ahora pretenden levantar el nuevo Maspalomas Oasis colmatando la edificabilidad calculada sobre el total de la parcela que debía ser de uso público desde hace tres décadas.
El uso público del palmeral así como la recuperación de todo el entorno no aparece por ninguna parte en el proyecto del nuevo hotel, redactado por el levantisco arquitecto Francisco Herranz.
El representante de los trabajadores del hotel, Carlos Pulido, decía este domingo que los responsables de la actual situación son los representantes de la clase política, así como “los favores que hay por medio”, que a su juicio impiden que “esta inversión se produzca”. No especificó ni qué políticos ni qué favores. Ni recordó a los políticos ni a los favores de 1983. Nadie puede dar por seguro qué habría pasado si aquella sentencia del Supremo se hubiera ejecutado en su literalidad.
