Santana Cazorla pide la nulidad del auto de sus pinchazos en 'Góndola'
La defensa del empresario Santiago Santana Cazorla ha presentado ante la autoridad judicial un recurso con el que pretende que se declare nulo de pleno derecho el auto mediante el cual se autorizó que la policía pinchara los teléfonos del empresario en el marco de la operación Góndola sobre presunta corrupción política en el entorno del Ayuntamiento de Mogán.
La defensa, según las fuentes consultadas por Acnpress, fundamenta su petición en el hecho de que cuando se autorizaron las escuchas telefónicas, la policía investigaba la instalación de una depuradora en suelo rústico, hecho éste que en el ámbito jurídico podría ser una infracción puramente administrativa, argumento que sostiene desde el principio la defensa de Santana Cazorla.
En medios jurídicos con los que ha contactado esta agencia se admite que puede ser nulo de pleno derecho un auto de intervención telefónica que tenga por objeto investigar hechos atípicos o que constituyan cuestiones meramente administrativas. Las mismas fuentes creen igualmente objeto de nulidad el pinchazo a una línea de teléfono que no tenga por objeto la investigación de delitos graves, caso en el que se encuadraría el empresario.
La intervención del teléfono de Santiago Santana Cazorla tuvo lugar a raíz de escuchar una conversación entre este y el alcalde de Mogán, Francisco González, de la que se desprendía que se había instalado una depuradora en Taurito en suelo rústico, que se estaba tramitando su calificación territorial y que era necesario obtener una licencia en precario para su inmediata puesta en funcionamiento con el fin de evitar un daño ecológico.
Fue a raíz de estos indicios cuando la policía solicitó a la autoridad judicial la intervención de los teléfonos. Posteriormente se escucharon también conversaciones telefónicas del empresario con miembros del Gobierno de Canarias y se atribuyó al afectado el presunto delito de tráfico de influencias.
Las conversaciones inteceptadas de Santana Cazorla fueron con el anterior presidente del Gobierno, Adán Martín, y el todavía hoy consejero de Ordenación del Territorio, Domingo Berriel. Los contenidos de esos diálogos fueron analizados y luego archivados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al no observar irregularidad alguna.
De estas escuchas sólo queda en el ámbito judicial la conversación mantenida por el empresario y Salvador Iglesias, entonces jefe de gabinete de Adán Martín, de cuya conversación no pudo conocer el TSJC al no ser el citado cargo de confianza del presidente un representante aforado del Gobierno, como sí ocurría con el jefe del Ejecutivo y el consejero Berriel. Por ello, la causa está pendiente de dirimirse en los juzgados ordinarios de Santa Cruz de Tenerife.
