SCTF paraliza las grandes superficies comerciales
El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado una moción a propuesta del concejal de XTF- Por Tenerife (Izquierda Unida - Los Verdes - Socialistas x Tenerife), José Manuel Corrales, donde se expresa la preocupación por las previsiones del Plan Territorial de equipamientos comerciales. El acuerdo muestra el apoyo de la corporación al pequeño y mediano comercio de la capital tinerfeña y afirma que el Ayuntamiento capitalino no tiene previsto autorizar nuevas grandes superficies comerciales en el marco del Plan General de Ordenación. El PP se abstuvo en la votación.
El Consistorio ha emitido también una declaración institucional que establece medidas de apoyo a los afectados de las hipotecas y los desahucios. De esta forma el Ayuntamiento se suma a la iniciativa de la Plataforma de afectados de las Hipotecas para modificar la regulación hipotecaria que hace que las personas no sólo pierdan sus viviendas sino que “se queden con buena parte de la deuda y con una condena financiera de por vida”, según recoge un comunicado.
Por la dación en pago
Corrales afirma que a pesar de que los procesos de ejecución hipotecaria dependen de una normativa de competencia estatal, “sus efectos dramáticos se concretan en el ámbito local, puesto que es en los municipios donde se producen los brutales y masivos desahucios, y es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda”.
La declaración institucional consensuada plantea tres acuerdos. En primer lugar, el Ayuntamiento pedirá al Gobierno estatal que apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU.
En segundo lugar, la declaración plantea instar al Ejecutivo a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Por último, prevé establecer medidas a nivel municipal para paralizar los desahucios, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas Municipales.
