Las sentencias judiciales obligaron al Gobierno a ampliar su crédito por valor de 15 millones
La administración autonómica realizó entre los años 2002 y 2004 un total de 48 expedientes de ampliación de crédito por importe de 14,9 millones de euros para hacer frente al pago derivado de sentencias judiciales. Del total de expedientes, 22 corresponden a abonos por intereses de demora generados por el retraso en el pago de liquidaciones o certificaciones de obra, de los que 21 corresponden al área de Infraestructura, Transportes y Vivienda.
Además, en ocho de los 48 expedientes se condenó a la Administración al pago de las costas. Así se desprende del informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas sobre los gastos extraordinarios contabilizados en las cuentas consolidadas de la Comunidad Autónoma de Canarias de los ejercicios 2002,2003 y 2004 que fue presentado este miércoles en el Parlamento por el presidente del órgano fiscalizador, Rafael Medina Jáber.
La Audiencia de Cuentas recomienda a la Comunidad que la obligación establecida en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias “debería hacerse conciliar con la protección de los fondos públicos” que pudieran resultar afectados como consecuencia de la imposición en costas a la Administración “derivadas de actuaciones procesales incursas en temeridad, mala fe o por inadmisibilidad de recursos por contravención de los actos o argumentos propios”.
El diputado del PSC-PSOE Blas Trujillo destacó como significativo que los expedientes de ampliación de crédito se refieran a sentencias judiciales que abona la comunidad autónoma, la mitad de los cuales se refieren a pagos que se hacen por intereses de demora por el pago de liquidaciones .
Blas Trujillo resaltó que “hay un montón de expedientes” que se producen por inacción de la administración y habló de que se realizaron ocho expedientes después de que la Administración fuese condenada al pago de costas “como consecuencia del tic de las administraciones para llevar los procesos hasta el final”.
El parlamentario del Partido Popular Fernando Toribio opinó que la Comunidad Autónoma no puede “bordear” de la ley respecto a la utilización de juicios “a sabiendas que se van a perder y hacer frente a los gastos de costas”. Además, demandó a la Administración autónoma a no utilizar los procedimientos judiciales “con mala fe”, destacó que en la Administración debe haber eficiencia y pidió responsabilidades a los que utilizan procedimientos judiciales “para conseguir sus objetivos a costa del erario público”.
