Siliuto se centra ahora en la posible imputación de Reyes por malversación
Víctor Reyes, exsecretario de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se ha librado por la mínima de quedar imputado por el supuesto delito de prevaricación en la compra de la casa Siliuto al haber prescrito los hechos. Sin embargo, posiblemente no tendrá la misma suerte con el de malversación de fondos públicos.
Reyes había defendido ante el Juzgado de Instrucción número 1 que su participación en la adquisición del inmueble ya había quedado sin efecto dado el tiempo transcurrido por lo que se le debía dejar fuera de la causa. El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, formadas por los abogados Felipe Campos, Antonio Espinosa y José Pérez Ventura, mantuvieron que no cabía la prescripción y que desde un primer momento, “dicha persona estaba claramente identificada como imputada”.
Hace un año la Fiscalía denunció que la Gerencia había acordado comprar la casa por 188.000 euros más de su valor real. Además, el organismo autónomo pagó otros 11.000 euros por los impuestos que supuso la operación, incumpliendo el acuerdo de que esta última cantidad fuese abonada por los vendedores.
En el auto emitido en julio de 2012 se llamaba a declarar de forma genérica a todos los miembros que conformaban el Consejo de Administración de Urbanismo a finales del año 2002 pero sin citar nombres. Los nueve participantes en aquella reunión fueron identificados poco después por el organismo autónomo y a todos se les citó para comparecer como imputados a principios de este año.
Pero no se sabe si por error entre ellos no estaba Reyes, sin que la Fiscalía pusiera entonces reparo alguno. De esta manera no fue hasta abril cuando finalmente se pidió la comparecencia del exsecretario. Ahora la titular del juzgado, Nuria Navarro, confirma a través de un auto que efectivamente en ese momento ya había prescrito el supuesto delito de prevaricación.
Sin embargo, todo apunta a que no ocurrirá lo mismo con la comisión de una presunta malversación de fondos públicos, ya que ésta habría tenido lugar después de la reunión del Consejo de la Gerencia.
El supuesto delito se habría cometido en el momento en el que el Ayuntamiento asumió el pago del impuesto, que en principio debía ser abonado por los antiguos propietarios. Por ello, la titular del Juzgado ha solicitado que la Gerencia le facilite de manera urgente una copia íntegra el expediente por el que se abonaron las plusvalías y los intereses de demora. A partir de aquí se decidirá si el exsecretario deberá comparecer como imputado por la supuesta malversación. “Es evidente que con una sencilla comprobación se puede determinar si se ha producido el hecho delictivo y en qué fecha”, señala Navarrro.
Para los integrantes de la acusación particular no queda ninguna duda de que finalmente Reyes tendrá que responder por este supuesto cargo. El exsecretario permanece desde hace años imputado por el caso Las Teresitas, y también se encuentra en la misma situación procesal en algunas de las causas penales abiertas en el Parque Marítimo de Santa Cruz.