Un subinspector de Hacienda denuncia ante una jueza haber recibido amenazas de muerte tras descubrir “la Gürtel canaria”
Un subinspector de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) denunció este miércoles ante una jueza haber recibido presiones y amenazas de muerte tras descubrir lo que él mismo ha calificado como “la Gürtel canaria”. Ocurrió durante un juicio por fraude fiscal con siete acusados en el que el funcionario había sido llamado a declarar como testigo perito por haber sido el que tramitó el expediente en la AEAT. Según reveló, fue en el marco de esas pesquisas cuando descubrió indicios que le han conducido a concluir que se trata de una trama que podría estar actuando fraudulentamente para desviar dinero hacia una caja B con fondos para pagar comisiones a cambio de obras públicas.
En una manifestación previa a su declaración como perito en ese juicio por delito fiscal contra varios empresarios, el técnico de Hacienda I.F. ha denunciado haber sido objeto de presiones desde que comunicó a sus superiores de la Agencia Tributaria los resultados de unas pesquisas, iniciadas precisamente a partir de este procedimiento, en las que asegura haber descubierto “multitud de indicios” que apuntan a una trama millonaria de comisiones ilegales y facturas falsas vinculada con adjudicaciones de obra pública en el Archipiélago.
“He recibido amenazas de muerte”, ha dicho el subinspector en una declaración leída en la que ha evitado identificar a empresarios y partidos políticos implicados en lo que él mismo ha definido como la “Gürtel canaria” para no enturbiar investigaciones futuras, aunque ha exhortado a las instancias judiciales a actuar “como proceda” y abrir diligencias para dirimir la posible existencia de delitos de financiación ilegal de partidos políticos, cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos.
Ante las partes presentes en la declaración, I.F. ha manifestado que los hechos puestos en conocimiento de la sala en la sesión de este miércoles y el modo de operar de esta trama ya habían sido trasladados a la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, personada en esta causa y testigo de esta manifestación, quien a pesar de ello ha tratado de llegar a acuerdos de conformidad con los acusados para que reconozcan el delito fiscal a cambio de una rebaja sustancial en la condena, logrando la confesión de cinco de los siete acusados.
El 'modus operandi'
El principal encausado en el procedimiento que se juzga desde esta semana en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria es Cristóbal Ortega, administrador y socio único de una empresa del mismo nombre que ha recibido durante años encargos de grandes constructoras a las que se les han adjudicado obras públicas de calado y cuantiosas inversiones. Está acusado de evadir el pago de más de 600.000 euros del Impuesto de Sociedades entre los años 2007 y 2008 al aportar como gastos deducibles facturas falsas, que no se corresponden con ninguna obra, prestación de servicio o venta.
Ortega, que ha reconocido los hechos, se servía para ello de los denominados moduleros, autónomos acogidos al denominado Régimen de Estimación Objetiva del IRPF. Este sistema impositivo, en el que se incluyen actividades como la albañilería, la carpintería, la fontanería o la cerrajería, entre otros, tiene la peculiaridad de que los profesionales tributan una cantidad fija, con independencia de su facturación.
La investigación de la Agencia Tributaria detectó que las facturas elaboradas por los moduleros y giradas a Cristóbal Ortega por la presunta subcontratación de servicios no se correspondían con la efectiva realización de actuaciones, eran falsas. Estas facturas permitían al constructor deducir gastos y, con ello, reducir la base imponible y, por lo tanto, la cuota a Hacienda. A cambio, los moduleros recibían una compensación en forma de comisión de entre el 10 y el 12% del valor de las mismas sin haber realizado ningún trabajo. Cobraban ese porcentaje a través de talones. El resto, entre un 88 y un 90% del valor de las facturas, era supuestamente entregado en efectivo a los autónomos después de que Ortega retirara las cantidades de las cuentas corrientes de la entidad (1,33 millones de euros en 2007 y 378.350 euros en 2008). Sin embargo, tal y como cinco de los acusados y varios testigos han reconocido en el juicio, ese dinero quedaba en manos del propio empresario.
La tesis de la Fiscalía es que este modo de operar tenía dos finalidades. Para Ortega, eludir el pago de impuestos. Para los moduleros, cobrar una comisión por trabajos no realizados. El subinspector de Hacienda I.F., en cambio, va más allá. Sostiene que esta constructora y al menos otra empresa del sector utilizaban esta fórmula para crear una bolsa de dinero en B, unos fondos alejados del control de la Agencia Tributaria. El destino que se le daba a esos fondos es desconocido, pero el perito considera que hay indicios que apuntan al pago de comisiones a políticos a cambio de la adjudicación de obras públicas cuyos sobrecostes en relación con el presupuesto de licitación coincidirían, precisamente, con los importes de esas facturas falsas, que podían ascender a medio millón de euros por año y modulero.
El técnico de Hacienda ha ofrecido a los presentes un informe elaborado a raíz de esa investigación desplegada “con serias dificultades”, aunque no ha obtenido ninguna respuesta de la magistrada titular del Juzgado de lo Penal 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Mónica Oliva, que se ha limitado a advertirle de que su presencia en ese juicio se debía a unos hechos concretos, ajenos a los manifestados en esa declaración previa, y de que cualquier denuncia que deseara realizar en ese sentido tenía que seguir los cauces previstos en la ley. Uno de los abogados de la defensa, Alberto Hawach, ha pedido el turno de palabra para expresar su sorpresa por la “revelación inesperada” del subinspector de la Agencia Tributaria (“Es la primera vez que me pasa en mi vida profesional”) y para cuestionar la pertinencia de continuar la vista oral ante la posible afección que esas manifestaciones pudieran tener en el derecho de defensa de su representado. Tras insistir en la posición mantenida con anterioridad, la jueza ha dado por zanjado el debate para dar inicio a la comparecencia del perito, que se ha extendido cerca de tres horas.
