En Las Teresitas hubo una ''conspiración'' para defraudar al pueblo
El secretario general de los socialistas de Tenerife, Santiago Pérez, aseguró este jueves que el levantamiento de parte del secreto del sumario del caso de Las Teresitas demuestra que “hubo una conspiración de determinados personajes muy influyentes para llevar a cabo un fraude espectacular contra el pueblo de Santa Cruz de Tenerife”.
Santiago Pérez aseguró en rueda de prensa que “los datos que vamos conociendo son demoledores y proyectan una luz que va a permitir darle un significado desde el punto de vista jurídico penal”.
“Hubo una conspiración en la Junta de Compensación, expoliaron los derechos de los propietarios, vendieron sin poder vender y el protagonista crucial de la conspiración fue el alcalde, Miguel Zerolo”, agregó.
El dirigente socialista arremetió también contra el crédito que proporcionó CajaCanarias a los compradores del frente de la playa santacrucera, “sin exigir aval sobre el patrimonio de los empresarios (Ignacio González y Antonio Plasencia) y sin evaluar los riesgos de la operación”.
“Dos directivos de CajaCanarias pusieron en riesgo a la entidad financiera por conceder un crédito sin garantías, pero lo concedieron porque sabían que la maquinaria municipal estaba a favor de los intereses de los empresarios multimillonarios”, afirmó.
“Zerolo y Parejo (ex concejal de Urbanismo) pusieron la maquinaria del ayuntamiento al servicio de una operación privada y presionaron a los funcionarios para conseguir informes favorables y esconder los desfavorables”, subrayó.
“La verdad incrimina a Zerolo y sus cómplices”
Santiago Pérez señaló que Zerolo no ha tenido el menor pudor en esconderse detrás del pueblo de Santa Cruz de Tenerife y hablar de conspiración contra la isla.
“No van a poder ocultar la verdad, y la verdad incrimina a Zerolo y a los cómplices que conocían el fin de la operación; notarios-registradores y directivos de CajaCanarias”, subrayó.
Pérez, tras preguntarse qué piensa CC y el PP sobre la operación de Las Teresitas, afirmó que “el PP calla porque se tapan las vergüenzas unos a otros”.
Tras asegurar que el mayor aliado de Zerolo es el presidente del PP canario, José Manuel Soria, aseguró que entre ambos “se tapan las vergüenzas”.
Teresa Rivero, portavoz socialista en el Ayuntamiento santacrucero, dijo que “los hechos son tan demoledores que ahora si que tendremos respuestas”.
Se preguntó porqué no se expropiaron los terrenos de Las Teresitas (no existe ningún informe que diga que no se podían expropiar); porqué se pagó más por esos terrenos y porqué se escondió el informe de la arquitecta municipal Pía Oramas que valoraba los terrenos por debajo del precio que se pagó a los empresarios.
Un dinero que se devolverá la pueblo de una manera u otra
El diputado socialista Santiago Pérez dijo este jueves que “la devolución al pueblo de Santa Cruz del dinero del que se le despojó” puede ser fruto de la sentencia firme del Tribunal Supremo que obliga a revertir la compraventa de los terrenos del frente de playa de Las Teresitas o de las indemnizaciones a las que podrían enfrentarse por la vía civil los imputados por la Fiscalía Anticorrupción, en el caso de que sean condenados.
De esta forma, el que ha sido uno de los principales impulsores de la investigación que se lleva ahora en tres ámbitos judiciales distintos, resaltó la importancia de la influencia entre ellos, que no dejan “ningún espacio que no esté contaminado por graves ilegalidades”.
Un dato que para Pérez es “crucial” es el precio que han fijado dos tasaciones periciales encargadas dentro del proceso penal, que valoran entre 11 y 15 millones de euros los terrenos del frente de playa, por los que el Ayuntamiento pagó a Inversiones Las Teresitas 52. A su juicio, estas valoraciones “son un referente fundamental y determinante para que el pueblo recupere el dinero que se le defraudó”, a través de la ejecución de la sentencia que obliga a retrotraer la compra-venta, proceso ya en marcha y tutelado judicialmente en el ámbito contencioso.
Este podría ser “uno de los dos caminos de los que provenga el resarcimiento de los ciudadanos de Santa Cruz por el fraude monumental que se les ha hecho con esta operación especulativa de libro”. El otro podría proceder, según su valoración, de las indemnizaciones civiles a las que, en su caso, serían condenados por la vía penal los imputados, si finalmente un juez dicta su culpabilidad.
