El TSJC avala la tutela del Gobierno en CajaCanarias
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado suspender el decreto del Gobierno de Canarias del pasado 27 de marzo por el que se impedía a CajaCanarias continuar con su proceso de reconversión en Fundación.
Según el auto, al que ha tenido acceso CANARIAS AHORA, CajaCanarias puede interponer un recurso de interposición, aunque tambien debe pagar las costas causadas al Gobierno de Canarias.
La Sala considera que, en contra de lo esgrimido por los recurrentes, “no concurren los requisitos exigidos para la adopción de la medida cautelar solicitada”, pues el decreto del Gobierno “solo da por terminado el proceso de transformación” en Fundación sin que el mismo suponga un perjuicio para la obra social debido a la actuación de la gestora.
Además, afirma que “el interés público que subyace en la actuación del Gobierno debe primar sobre el particular de los miembros del patronato”, y recrimina al recurrente que esgrima el hecho de que otras fundaciones se hayan aprobado con posterioridad a la fecha límite.
Al respecto de esta “particular interpretación de la normativa aplicable” que ha hecho los directivos de CajaCanarias para argumentar su recurso contra la decisión del Ejecutivo, el auto asegura que no se puede esgrimir otros casos como “vulneración del derecho de igualdad, toda vez que se desconocen los pasos dados en cada caso concreto”.
Asimismo, los magistrados consideran que “llama la atención que la solicitud de transformación se presentara cuando quedaba menos de un mes para la expiración del plazo, exigiendo de la Administración una diligencia que no demostró la recurrente”
Como se recordará, el Gobierno de Canarias acordó a finales de marzo “tutelar” el proceso de transformación de CajaCanarias de entidad financiera a fundación, lo que supuso el nombramiento el cinco de abril de una gestora encargada de redactar sus estatutos y proponer los nuevos órganos de dirección.
El Gobierno tomó este acuerdo, que ha sido calificado de “intervencionismo populista” y de claro cariz político por parte del Partido Popular, después de que expirara el plazo estipulado para que CajaCanarias pudiera culminar el proceso de transformación voluntaria por lo que automáticamente, y en cumplimiento de la legislación estatal, el Gobierno tiene el mandato de garantizar el sostenimiento de la Obra benéfico social de la entidad.
