El TSJC pide reforzar la lucha contra la corrupción
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), José Ramón Navarro, defendió este jueves la necesidad de reforzar a todos los juzgados que instruyan casos de corrupción, porque “de la celeridad y diligencia en esas investigaciones depende la recuperación de la deteriorada imagen de la justicia”.
Navarro, que compareció en comisión en el Parlamento de Canarias para presentar la memoria judicial de 2012, dijo que el funcionamiento de la justicia está condicionado por restricciones presupuestarias y carencias de medios humanos y materiales, pero reconoció que también está afectada por la “crisis institucional generalizada”.
Defendió la necesidad de acometer una reforma estructural profunda para recuperar la confianza de los ciudadanos y subrayó que la imagen de la justicia depende en gran medida de “la rapidez y pronta resolución de los casos de corrupción”.
Al respecto, el presidente del TSJC se comprometió a reforzar desde el primer momento los juzgados que instruyan casos importantes de corrupción, como ha ocurrido en Arrecife de Lanzarote, donde gracias a los refuerzos el juzgado competente se ocupa sólo del caso Unión.
José Ramón Navarro prefirió no pronunciarse sobre la elevación de las tasas judiciales y sus implicaciones en el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva, dado que está en manos del Tribunal Constitucional, órgano que ha admitido a trámite recursos contra la ley de tasas.
En cuanto a la posibilidad de que los fiscales pasen a ser los instructores de los casos penales en sustitución de los jueces, explicó que no tiene nada en contra, aunque agregó que eso requiere una modificación del estatuto de la fiscalía para dar independencia a ese órgano, así como un sistema de garantías para el ciudadano.
José Ramón Navarro se declaró un auténtico convencido de los beneficios de los sistemas alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, y anunció que se va a inscribir en la asociación europea de jueces por la mediación.
Respecto a la nueva estructura de partidos judiciales, defendió un nuevo modelo de organización, pero señaló que los cambios que se produzcan deben respetar las pecualiaridades geográficas de Canarias, las necesidades de la ciudadanía, los edificios judiciales existentes y el destino de los funcionarios de justicia.
Indicó que con la crisis económica ha crecido la exigencia social de tutela de los derechos de las personas en situaciones económicas más vulnerables, y “la muestra más evidente” han sido las ejecuciones hipotecarias.
En los desahucios, “la mirada se pone en el juez, cuando el problema, más que jurídico, es político y social”, advirtió, y recordó que los jueces deben aplicar las leyes de acuerdo al contexto económico y social.
El presidente del TSJC defendió que el proceso de transformación que necesita la justicia debe incluir un aumento de las unidades judiciales hasta alcanzar la media europea, donde hay 20 unidades por cada 100.000 habitantes, frente a 10,6 en España.
En el caso de Canarias, recordó las necesidades urgentes contenidas en la memoria judicial de 2012, que incluyen una plaza de magistrado de lo social en Santa Cruz de Tenerife, así como dos unidades judiciales penales, y también tres juzgados de primera instancia en Telde, San Bartolomé de Tirajana y Arona.
También citó como urgentes dos nuevos juzgados de instrucción en Telde y San Bartolomé de Tirajana y un juzgado de vigilancia penitenciaria en Gran Canaria.
Detalló que en Canarias hay 255 jueces con destino y 430.000 asuntos al año, así que cada uno tiene de media casi 1.700 procedimientos.
Pese a todo, el número de asuntos registrados en 2012 y en lo que va de 2013 apunta a una estabilización en el crecimiento.
