Los Verdes pide a la Fiscalía anticorrupción que investigue las ayudas con las que se construyeron hoteles ilegales
Los Verdes pidieron este viernes que la Fiscalía Anticorrupción investigue el uso de las ayudas de la UE otorgadas entre 1998 y 2002 a Canarias por su condición de región ultraperiférica, con las que se edificaron hoteles ilegales en Lanzarote, pese a la moratoria urbanística vigente en las Islas, lo que ha motivado que los tribunales anulen sus licencias.
Además, la formación política calificó como “propia de una república bananera la pretensión del Gobierno de Canarias de legalizar, con efecto retroactivo” la situación de estos establecimientos hoteleros, situados en la localidad turística de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, al sur de Lanzarote.
El portavoz de Los Verdes Rafael Rodríguez recordó en un comunicado que el pasado mes de mayo esta formación denunció la utilización de fondos europeos para la construcción ilegal de hoteles en Lanzarote y presentó, a través del eurodiputado David Hammerstein una pregunta “para destapar ante las autoridades comunitarias este escándalo”.
Hasta el momento, dijo, la única respuesta de las instancias comunitarias ha provenido de la Comisión Europea, que ha informado de que “está reuniendo la información necesaria para responder a la pregunta planteada y comunicará el resultado de sus indagaciones lo antes posible”.
Por ello, Los Verdes entienden que “las informaciones aparecidas” sobre este asunto en los últimos días “en la prensa han sido filtradas por el Gobierno socialista, tras recibir la petición de información desde la Comisión Europea”.
Rodríguez detalló que según se hizo constar en la pregunta formulada por Hammerstein, las ayudas europeas fueron concedidas entre los años 1998 y 2002 y se encuadran en las destinadas a zonas deprimidas -regiones ultraperiféricas de la UE-.
Las subvenciones concedidas en ese período supusieron, dijo, más de 30 millones de euros y, en algunos casos, la ayuda europea cubrió el 25% del coste total de ejecución de la obra.
Algunos de los ejemplos citados por Los Verdes de construcciones cuya licencia, concedida por los ayuntamientos de Yaiza y Teguise, ha sido anulada por los tribunales, son el hotel Princesa Yaiza, que recibió 4.092.238,17 euros; la empresa Teide 10, que consiguió para el hotel Rubicón Palace casi 7 millones de euros; o la empresa Riversun Inmuebles, del hotel Iberostar Papagayo, financiado con más de 1,5 millones de euros, agrega la nota.
En similar situación se encuentra la empresa Lanzarote 6 S.A. con el hotel Gran Meliá Volcán, con más de 3 millones de euros; la empresa Yaiza Beach Club y el hotel Natura Palace, con más de 3 millones de euros; y la empresa Demadu S.L., que recibió más de 4,5 millones de euros para ejecutar una obra que está inacabada, así como la empresa Hoteles Playa Canarias, con dos subvenciones por un total de más de 3,5 millones de euros, detalló Rodríguez.
A juicio del portavoz de Los Verdes, “lo realmente importante no es que los hoteles sean ilegales o no, sino que se hayan utilizado los fondos comunitarios destinados a regiones deprimidas para favorecer actividades privadas como la construcción de hoteles”.
“Las ayudas europeas deberían ir destinadas a la creación de un tejido productivo y a diversificar la economía de las Islas y, sin embargo, se han destinado a sectores privados especulativos o a obras inútiles como los puertos de Arinaga (Gran Canaria) o Tazacorte (La Palma”, concluyó.
