Victoria Rosell: ''No se debe legislar a partir de casos como el de Mari Luz''
Victoria Rosell, magistrada titular del juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, afirmó este lunes que “no se debe legislar a partir del caso Mari Luz”, en referencia a la alarma social generada en torno al asesinato de la niña a manos de un condenado que debía estar en prisión.
Preguntada si en Canarias pudiera darse en estos momentos un caso similar de presos condenados que estén en libertad, la magistrada aseguró que “las investigaciones se están llevando a cabo correctamente y la policía está respondiendo de una manera espectacular a los casos graves que se producen en las Islas, pese a la enorme carga de trabajo que tenemos”.
Rosell aseguró que los operadores judiciales no han dejado de reclamar mayores medios a la Administración canaria, responsable de dotarlos en las islas.
En una entrevista concedida a El Correíllo, en CANARIAS AHORA RADIO, Victoria Rosell afirmó con respecto a la sanción impuesta al juez Tirado que “no podemos perder la perspectiva, ni pensar que con esto se está intentando hacer pagar lo que le pasó a Mari Luz” y que los familiares “no están en condiciones de tomar la palabra para decidir qué hacer” en casos de tanta gravedad como éste.
La magistrada insistió en que “hay que desvincular el drama de esa niña y la sanción disciplinaria impuesta al juez” ya que no pueden ponerse los 1.500 euros como precio de nada o consecuencia de nada. La portavoz de Jueces para la Democracia admitió que podía haber habido un error judicial, que achacó a la falta de medios que puede existir en el juzgado. Pero al tiempo, llamó la atención sobre la inspección que unos meses antes realizó el Consejo General del Poder Judicial, que no detectó anomalías en el juzgado de Rafael Tirado.
En relación al traslado de presos a otras cárceles, Rosell afirmó que es muy negativo para su rehabilitación. Según la juez, “todo el mundo piensa que la legislación penal es la respuesta, pero luego se oponen a medidas como la construcción de la cárcel o aumentar el presupuesto para mejorar los medios de la Administración de Justicia”.
