Abandono escolar, el muro que agrietó la crisis
Hace apenas diez años las tasas de abandono escolar temprano de Canarias superaban el 36%. Hoy, con un 17,1%, suponen la mitad de entonces y se sitúan 1,4 puntos por debajo de la media estatal (18,5%). Lejos del 27% de Baleares, que encabeza negativamente la lista, seguida por Murcia (26,5%); y, también, a años luz de la comunidad ejemplar en este y otros asuntos, Euskadi, que, con un 7,3%, tiene datos de país europeo desarrollado, que junto con Cantabria (8,6%) se sitúan incluso por debajo de la media europea (10,7%). Algo ha tenido que ver la crisis económica y la imposibilidad de nuestros jóvenes de saltar al mercado laboral sin la menor cualificación, con destino a la construcción y a la hostelería, como sucedió en los noventa y en la primera década de este siglo XXI. Y, asimismo, el incremento de la oferta en Formación Profesional, aunque aún sea insuficiente.
El abandono escolar temprano incluye a aquellos jóvenes entre 18 y 24 años que no obtienen el título de ESO o que una vez finalizada esta no continúan sus estudios (en Bachillerato, Formación Profesional u otra formación reglada). En España llegó a alcanzar el 31,7% en 2008, disminuyendo progresivamente a lo largo de la crisis. Canarias llegó a tener tasas del 36,4% en 2007, superadas por Baleares (42,1%). El objetivo que marca la UE es alcanzar tasas del 10% en 2020.
La última EPA, la correspondiente al primer trimestre de este año 2017, señala que el abandono escolar temprano alcanza en España el 18,5%. Canarias con el 17,1% se sitúa 1,4 puntos por debajo, en un ranking que, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, encabezan Baleares (27%), Murcia (26,5%), Castilla La Mancha (23%), Andalucía (22,9%) y Extremadura (20,1%). Por encima de la media estatal se sitúan también Aragón (19%) y la Comunidad de Valencia (19,5%).
Por el contrario, las comunidades con menores tasas son Euskadi (7,3%), Cantabria (8,6%), Madrid (13,4%), Navarra (14,3%), Galicia (14,6%), La Rioja (15,7%) y Asturias (16,7%). El diferencial entre la comunidad de menor tasa de abandono, el País Vasco, y la mayor, Baleares, es de casi veinte puntos porcentuales. Mientras, el desempleo juvenil en Euskadi es del 27,97% y el de Baleares 41,77%, un porcentaje que Canarias supera en siete puntos hasta llegar al 48,75%.
El abandono es mayor en los hombres que en las mujeres. Así, si el estatal global más reciente es el 18,5%, a los hombres corresponde un 22,1 % y a las mujeres el 14,8%, más de siete puntos de diferencia. En Canarias, las diferencias son aún mayores, de 11,4 en 2016 (24,5% de abandono masculino frente al 13,1% de las mujeres). Curiosamente, las distancias se acercaron notablemente en los años más duros de la reciente crisis: apenas 3 puntos en 2012, 4,7 en 2013 y 5,3 en 2014.
En el ámbito de la Unión Europea, España presenta uno de los peores datos. Empatada con Rumanía (18,5%) y solo superada por Malta (19,6%). Las tasas más bajas las tienen Croacia (2,8%), Lituania (4,8%), Eslovenia (4,9%), y Polonia 5,2%). En torno al 7% se mueven Austria, Dinamarca y Suecia. Finlandia tiene un 7,9%, Francia un 8,8%, Reino Unido un 11,2% e Italia un 13,8%. La media europea se situó a finales de 2016 en el 10,7%. Dos comunidades españolas, País Vasco y Cantabria, se encuentran varios puntos por debajo de la misma.
Recortes
Sobre el efecto de la crisis desde el punto de vista educativo, el profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna José Saturnino Martínez (Juventud y crisis en Canarias 2007-2013, informe del Observatorio Canario de la Juventud)) señala que esta ha incidido de dos formas, “por los recortes de gasto público y de renta de las familias, por un lado, y por la disminución del coste de oportunidad de estudiar, por otro lado. Se observa cierta tendencia a la disminución de las tasas brutas de fracaso escolar y de abandono educativo temprano, por lo que puede concluirse que posiblemente de momento el efecto de los costes de oportunidad está siendo más importante”.
Añade que en Canarias la disminución ha sido similar a la del resto del Estado, asegurando que “la tasa neta de fracaso escolar ha permanecido más bien constante, mientras que ha disminuido la de abandono educativo temprano, lo que significa que con la crisis no hay más jóvenes finalizando con éxito la ESO, sino más jóvenes que han terminado la ESO y que continúan sus estudios. Las diferencias por nivel educativo de la familia en fracaso escolar y en abandono educativo temprano son considerables. La desigualdad de oportunidades educativas ante el fracaso escolar es mayor en Canarias que en el conjunto de España, pero no es así en el caso del abandono educativo temprano”.
STEC
Fernando Pellicer, miembro del secretariado nacional del STEC-IC, se congratula por la progresiva reducción de la tasa de abandono escolar que muestran recientes informes en materia educativa. Pero asegura no compartir que las administraciones se apunten ese logro, atribuyéndolo a la buena gestión y a la ampliación de la oferta educativa. “El factor fundamental que está generando la progresiva reincorporación de un importante número de personas (jóvenes y adultos) al sistema educativo, guarda estrecha relación con la necesidad de mejorar su cualificación profesional, al objeto de insertarse en un mercado laboral cada vez más difícil y competitivo”.
En ese sentido, Pellicer no entiende que cuando más necesario es ofrecer alternativas formativas al conjunto de la población y, concretamente, a aquellos que la demandan con urgencia para salir del desempleo o la precariedad laboral –en un contexto de brutal crisis socioeconómica-, los poderes públicos, con el Gobierno de Canarias a la cabeza, “desatienden al sistema público educativo recortando sus recursos y la inversión en el mismo hasta límites
Al respecto, considera claramente insuficientes los presupuestos educativos de Canarias. Y recuerda los compromisos que establece la Ley Canaria de Educación aprobada por su Parlamento de alcanzar en 2022 el objetivo de inversión del 5% del PIB. “A fin de aproximarnos a dicho anhelo, el presupuesto en Educación para 2017 tendría que haberse incrementado en unos 372 millones de euros. El incumplimiento flagrante de la Ley Canaria de Educación –aprobada en el Parlamento de Canarias con los votos, entre otros, del partido que hoy sustenta el Gobierno autonómico- es una clara muestra de la importancia real que nuestros mandatarios otorgan al progreso educativo de la sociedad canaria”.
Por último, asegura que “la lucha contra el fracaso escolar (entiéndase social) y el abandono temprano es una cuestión que compete al conjunto de la sociedad. Sin embargo, es indudable que los poderes públicos tienen una responsabilidad ineludible al respecto. Desde el STEC-IC reclamamos, una vez más, un sistema público educativo de calidad, democrático y compensador de desigualdades”.
Por ello, defienden la derogación de la LOMCE, el incremento presupuestario –tanto en el ámbito estatal como autonómico-, la concreción ineludible de mejoras retributivas y laborales para los trabajadores de la enseñanza “y un compromiso inequívoco de los poderes públicos que permitan colocar el fortalecimiento de la Educación Pública como un eje prioritario de las políticas de gobierno y gestión”.
Oferta educativa
Soledad Monzón, consejera de Educación del Gobierno de Canarias, como hizo en su comparecencia parlamentaria del pasado 7 de abril, recuerda que cuando se habla de abandono escolar se está haciendo referencia a población de 18 a 24 años, es decir, “personas adultas, con plena capacidad de decisión sobre si quieren o no continuar estudiando. Otra cosa es que tratemos de convencerles de su conveniencia, de que ampliemos la oferta educativa en Formación Profesional”.
Monzón destaca su estrecha vinculación con el empleo y como en el momento del boom de la construcción y del turismo se dispararon las tasas de abandono en las Islas, más en el caso de los hombres, y que suelen reducirse en tiempo de crisis. “Pero debemos siempre dejar clara la relación entre formación y empleabilidad: el desempleo entre los hombres y mujeres sin estudio multiplica por cuatro el de los que cuentan con estudios universitarios”.
Para la consejera, la reducción del abandono escolar temprano no es una tarea lineal, sino que precisa de un enfoque amplio. Al respecto, considera muy relevante la próxima puesta en marcha del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad. “Este Plan, que estamos ultimando, tiene un enfoque necesariamente preventivo y proactivo positivo. Pretendemos que sirva para poder adoptar estrategias y medidas que favorezcan e impulsen la continuidad escolar de la población en Canarias. Y queremos, asimismo, avanzar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en nuestros colegios e institutos, partiendo de las líneas ya existentes y en desarrollo, como la mejora de las competencias profesionales docentes”.
Origen social
En el estudio Fracaso y abandono escolar en España, de los profesores Mariano Fernández Enguita, Luis Mena Martínez y Jaime Riviere Gómez, se señalan las influencias sociales del abandono y el fracaso. “El atributo con más peso en el proceso de salida del sistema educativo es la clase social del alumno. Es un resultado constante a lo largo del tiempo, muy similar entre distintos países y resistente a los más valientes intentos de introducir criterios de igualdad en el sistema”.
La investigación destaca, asimismo, que el origen social del estudiante no es el único factor que incide en el abandono o el fracaso. Puntualizan, además, que ese origen social influye decididamente no solo en los resultados sino también en las expectativas, “en las decisiones sobre los caminos escolares que se han de seguir. La probabilidad de acceso a la educación superior es seis veces mayor para los hijos de las clases medias que para los de las clases trabajadoras”.
En nuestro caso, el de Canarias, eso obliga a reflexionar sobre la relevancia de los cambios sociales a la hora de pretender profundos cambios educativos. Cabe preguntarse si nos podremos acercar a las medias europeas de formación con un 25% de desempleo EPA, un 35% de la población en riesgo de pobreza (según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE), elevada precariedad y los salarios más bajos de España, así como niveles de educación de las familias inferiores al nivel medio español. Los retos están servidos. El de la mejora educativa y el de la superación de las profundas desigualdades sociales.
