La LOMCE que viene
Los nuevos cambios en Educación a raíz de la aprobación de la LOMCE empezarán a materializarse en los centros a partir del próximo curso y durante unos años estaremos inmersos en la adaptación del sistema educativo a la nueva legislación. Otros aspectos de la reforma han entrado en funcionamiento automáticamente con la publicación de una ley que ha estado plagada de polémica y contestación social entre los distintos sectores afectados. En este reportaje se analizan los aspectos más novedosos y aquellos que también supondrán cambios profundos en la enseñanza en el sistema educativo español.
Reza la doctrina del Derecho Civil que las leyes se dictan con carácter permanente menos aquellas excepcionales como la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de cada año. Lejos de esta permanencia queda la legislación en materia de Educación que en los casi cuarenta años de democracia ha contado con siete leyes diferentes si contamos la de 1970 que estuvo en vigor hasta la aprobación de la de 1990.
La última de estas leyes llegó el pasado 2013 con el nombre de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa bajo la batuta de uno de los ministros de Educación peor valorados de toda la historia democrática. La LOMCE se aprobó el pasado noviembre con los votos a favor del Partido Popular y el rechazo de toda la oposición a excepción de UPN que optó por la abstención. Esta aprobación final llegaba después de meses de polémica, debate y sobre todo movilizaciones de la comunidad educativa. Las diferentes marchas verdes a favor de la educación pública y de calidad recorrieron España durante meses y en un ademán de arrepentimiento, probablemente fruto de la estrategia política, el PP decidió aplazar su aprobación inicial prevista para mayo del pasado año argumentando la necesidad de buscar mayores consensos.
Lo cierto es que con la ley aprobada el gobierno no quiere que su entrada en vigor se dilate más de la cuenta y los cambios empezarán a materializarse a partir del próximo curso 2014-2015 para los niveles de primaria y formación profesional y también en distintos aspectos concernientes a la organización y autonomía de los centros educativos. Entre los cambios más significativos en la etapa primaria destacan el peso que tendrán a partir de ahora las materias troncales, a saber, Lengua y Literatura, Matemáticas, Naturales y Lengua Extranjera y que no podrán ocupar en su conjunto menos de la mitad de todo el horario lectivo. Al finalizar tercero de primaria los alumnos que lo estén cursando el próximo curso se someterán a una prueba de evaluación externa a través de la que se pretende detectar problemas en el aprendizaje de los niños. Estas pruebas se repetirán al finalizar la enseñanza primaria tras el sexto curso y sus resultados, según reza el texto de la ley, servirán para establecer medidas de apoyo al alumnado y también para planes de mejora de los colegios. En esta etapa serán las comunidades autónomas quienes tengan la competencia para diseñar y estructurar el catálogo de asignaturas de libre configuración y específicas pero será el Estado quién se encargue de la evaluación de éstas últimas.
Calendario de implantación de la LOMCE en Educación Primaria y Secundaria
La puesta en marcha de todas las novedades de la ley en las distintas etapas educativas para el próximo curso se ha encontrado desde sus inicios con un rechazo importante de las comunidades autónomas no gobernadas por el Partido Popular ante el poco margen de tiempo para adaptar los currículos educativos y manejar una reforma del sistema de tal calado además de la inseguridad generada al no conocerse con certeza de dónde saldrá el dinero para financiar los nuevos programas recogidos en la ley. Finalmente, y tras la conferencia sectorial de Educación que reunió el pasado enero a todos los consejeros de la rama con el ministro, Wert decidió dar marcha atrás y dejar la entrada en funcionamiento de las nuevas reformas en los niveles de secundaria, bachillerato y universidad para próximos cursos.
Otra de las grandes apuestas de la LOMCE viene de la mano de la implantación de la novedosa Formación Profesional Básica. A este tipo de enseñanza podrán acceder los alumnos que hayan finalizado el tercer curso de la educación secundaria y excepcionalmente aquellos que acaben segundo. Será necesario en los dos casos la recomendación del equipo docente además de la autorización de tutores o del alumno en el caso de que esté emancipado. Esta nueva enseñanza permitirá al alumno que no acaba la educación secundaria obtener un título de Técnico Profesional Básico además de una cualificación de nivel 1 dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. De esta forma se garantiza la adquisición de las competencias básicas en lengua, matemáticas, ciencias sociales o lengua extranjera ya que estas materias serán impartidas a la par que las correspondientes al aprendizaje de la profesión según la rama seleccionada.
Al finalizar satisfactoriamente los dos años que durará esta nueva modalidad de FP los alumnos podrán optar por salir al mercado laboral, continuar su formación a través de la Formación Profesional de Grado Medio o la obtención del título de ESO tras realizar la evaluación pertinente. Entre los catorce itinerarios que se ofertarán para esta modalidad destacan los de Informática y Comunicaciones, Servicios Administrativos, Reforma y Mantenimiento de Edificios o Cocina y Restauración. La normativa publicada por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias recoge que el procedimiento para acceder a este nuevo tipo de enseñanza no constará de un proceso de admisión como tal sino que se regirá a través de un proceso de escolarización ordinario por lo que si la demanda supera la oferta, los alumnos sin plaza continuarán su formación en el curso de la ESO que les corresponda. Otra peculiaridad reside en que el alumno tendrá preferencia en la rama impartida en su centro o en aquellos cercanos a su domicilio. En caso de que solicite una preferencia en un instituto que no sea de su adscripción sólo obtendría plaza si quedara vacante.
Otros cambios que introduce la LOMCE en el resto de la Formación Profesional entrarán en vigor a partir del curso escolar 2015-2016. Desde entonces no será necesario realizar una prueba de acceso para promocionar desde un ciclo de grado medio a uno superior. Para ello se permitirá a las administraciones introducir nuevas materias de refuerzo que sirvan de apoyo entre una modalidad y la superior siempre que estén dentro de la misma rama.
En bachillerato se implanta de igual forma la evaluación final al acabar el curso que estará ponderada a un 40% al que se le suma el 60% que contará la nota de los dos cursos. Los itinerarios también se simplifican quedando la modalidad de Humanidades, Ciencias, Artes y Ciencias Sociales, esta última con dos opciones diferenciadas. Al igual que el calendario de secundaria se empezará a aplicar en el primer curso en 2015-2016 y 2016-2017 siendo la primera prueba final con carácter académico en el curso académico 2017-2018.
Cambios importantes en la gestión de los centros educativos
Pero no todas las novedades introducidas por esta polémica ley afectan únicamente al alumnado. La forma en la que se gestionan los colegios e institutos cambiará radicalmente también a partir del próximo curso y lo hará en aspectos tan importantes como el funcionamiento del consejo escolar o las competencias de los directores. Éstos últimos aumentarán su poder hasta convertirse en los únicos decisores de los centros educativos y todas las cuestiones referentes a recursos humanos, materiales y financieros dependerán de su figura. También tendrán la potestad para presentar proyectos a las distintas consejerías de educación enfocados en la especialización de su centro. Estos podrán versar en torno al fomento de una modalidad concreta del bachillerato o la especialización en un número concreto de lenguas extranjeras entre otros, y los directores tendrán plena competencia a la hora de gestionar los recursos humanos del centro para adecuarlos a la consecución de los objetivos de estos proyectos de especialización. Atendiendo al preámbulo del texto legislativo esta mayor autonomía de la que se supone gozarán colegios e institutos es la respuesta del Gobierno de España a las reiteradas peticiones de la OCDE en busca de una mejora de resultados y fomentando también la rendición de cuentas en aras de una mayor transparencia.
La contestación a esta polémica ley se he dejado sentir durante muchos meses con las distintas huelgas de profesores, padres y estudiantes que sacaron a la calle a miles de personas clamando contra lo que se empezó a conocer como Ley Wert. Una vez aprobada y a punto de entrar en vigor la contestación a la misma continúa y a nivel institucional esta ha venido de la mano de distintos recursos de inconstitucionalidad que el pasado abril ya fueron admitidos a trámite por el alto tribunal. En concreto ha sido el grupo parlamentario socialista y los ejecutivos de las comunidades de Andalucía, Asturias, Cataluña, Navarra y también Canarias quienes lo han presentado ante el Tribunal Constitucional. En general todos los recursos presentados van por la misma línea aunque el argumentario de los mismos difiere ligeramente dependiendo de la comunidad autónoma. Así, Cataluña denuncia las invasión de competencias autonómicas que la nueva ley genera, el diseño de los nuevos currículos educativos y también cuestiones como la financiación o los programas de inmersión lingüística. También el recurso de Andalucía alega invasión de competencias de las comunidades autónomas a la hora de establecer las pruebas finales de evaluación de la etapa de secundaria y bachillerato.
En el caso de Canarias, el consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, José Miguel Pérez, anunció la interposición del recurso a sabiendas de que su mera presentación no bastará para paralizar la LOMCE. Su intención es que con la ley en la mano se consiga amortiguar los efectos nocivos de la nueva normativa, así, el consejero y también vicepresidente del Gobierno de Canarias, en unas declaraciones recogidas por Europa Press aseguró que “somos gente de orden y no tenemos vocación de barricadas. Quien se ha tirado al monte es el Estado que desarma el avance educativo y pone dificultades al derecho a la educación”. El recurso canario es similar a los de otras comunidades denunciando la invasión de competencias, aspectos como la admisión de alumnos en las universidades, la gestión de las becas o las pruebas finales al alumnado al acabar la ESO y bachillerato entre otras. A estos recursos hay que sumar el que el ejecutivo canario ha presentado ante el Tribunal Supremo al Real Decreto que regula la aplicación de la nueva Formación Profesional Básica, principalmente debido a la inseguridad sobre la financiación que ha de llegar para comenzar la implantación de esta nueva modalidad a partir del próximo septiembre.
Un ministro escondido
El ministro de Educación se sabe odiado y ante los continuos abucheos a los que ha sido sometido tras conocerse sus intenciones para la LOMCE ha disminuido sus apariciones públicas, tal vez en un intento de apaciguar los ánimos, tal vez en un ademán de esconderse y no dar la cara. Sea como fuera han sido sonados algunos de los desplantes que ha tenido que afrontar: desde alumnos de graduación que no le dirigen el saludo pasando por abucheos de los cineastas en los premios Forqué hasta multitudinarias manifestaciones de repulsa como la que se produjo el pasado enero en la ciudad de La Laguna. En aquella ocasión, con motivo del acto de reinauguración de la Catedral de Tenerife, los incidentes que se produjeron durante la masiva concentración se saldó con cuatro detenidos y dos heridos de carácter leve. Ante tal panorama el ministro ha cancelado diversas apariciones públicas, por ejemplo el pasado febrero decidió no asistir a la última gala de los Goya alegando problemas de agenda, unos problemas que posteriormente se comprobó que no eran del todo ciertos ya que la reunión que según el ministro tenía programada desde hacía tiempo en Reino Unido había sido convocada la misma semana de los premios. Sea como fuere las voces que anunciaban una remodelación del Gobierno de Rajoy en el que se diera una salida poco dolorosa a los ministros más quemados de cara a los próximos comicios generales no se ha producido y siguen en sus puestos desde el inicio de la legislatura. Wert ya se ha adelantado a declarar que si el Constitucional declara que alguna de las partes de su ley atenta contra la Constitución dimitirá. Parece que es la única esperanza que le queda a la comunidad educativa porque por ahora ni dimite, ni lo cesan, y eso a pesar de los pésimos resultados que su gestión arroja en las encuestas. Sin ir más lejos, en la del CIS de enero de este mismo año se aprecia que su valoración es negativa incluso entre los votantes del Partido Popular. En términos generales el responsable de Educación es el miembro del Gobierno de España con la peor nota de todos, un paupérrimo 1,42. Justo por encima se encuentra el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, con un 1,84.
Cambios significativos también en secundaria y bachillerato
El elenco de modificaciones introducidas por la nueva ley también afecta a estas enseñanzas aunque su puesta en funcionamiento no será inmediata como las mencionadas para primaria y la FP básica. En el caso de la ESO no se podrá pasar de curso cuando las materias suspendidas sean a la vez matemáticas y lengua española o la lengua cooficial. También contará esta etapa con una evaluación final externa y cuya nota se ponderará a un 30% de la nota final de la etapa secundaria por lo que la calificación de los cuatro cursos de la ESO contarán en un 70%. Otra de las novedades viene de la mano de la introducción de los Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento que permitirán desde segundo y tercero de la ESO que los alumnos comiencen en estos programas tras el visto bueno de padres y profesores. Su finalidad es servir de apoyo a aquellos alumnos que tengan dificultades en el aprendizaje, y dice la norma, “no imputables a la falta de estudio o esfuerzo”.
El cambio más relevante en secundaria llega con la separación de itinerarios desde tercero de la ESO adaptándose así a la opción conducente a la realización del bachillerato o aquella enfocada a los alumnos cuya intención sea realizar formación profesional al terminar.
Carta blanca a las universidades para que fijen los criterios de admisión
Es uno de los aspectos que han generado gran polvareda sobre todo en el ámbito universitario y es que si hasta ahora eran las comunidades autónomas las que fijaban los exámenes de selectividad que abren la puerta al ingreso en la academia esto ya no será así a partir del curso 2017-2018. La LOMCE pasa la pelota al tejado de las propias universidades que serán a partir de entonces las encargadas de fijar los criterios de admisión para cada una de sus titulaciones. Dentro de la nueva ley quedan recogidas las distintas opciones por las que las facultades pueden optar, entre ellas: una valoración de las materias cursadas en bachillerato y su adecuación a la carrera elegida; formación académica complementaria; estudios superiores cursados con anterioridad o de forma excepcional evaluaciones específicas de competencias y conocimientos. Sin embargo, la puerta a otras alternativas queda abierta al recoger la ley que las universidades pueden aplicar “otros criterios de evaluación”. A partir de entonces se eliminará de un plumazo la posibilidad de optar a la mayoría de las universidades españolas con tan solo disponer de una nota de corte que así lo permitiera.
En este sentido algunas comunidades ya se han adelantado a la implantación de la norma anunciando criterios comunes. Este es el caso de Andalucía donde los rectores ya han planteado a la Junta de Andalucía que los requisitos que se establezcan sean iguales para todas las titulaciones de todas las universidades de la comunidad. Recientemente el rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, declaró al respecto en una rueda de prensa que “si no lo remediamos, pasaremos de que sean los alumnos los que elijan centro a que sean las universidades las que elijan a sus alumnos”. Otro ejemplo es el de Cataluña donde su gobierno ya ha anunciado que el dominio del catalán será una condición sine qua non para acceder a sus universidades una vez en vigor el nuevo sistema.
“La LOMCE identifica a los alumnos de FP como aquellos que no sirven para estudiar una carrera y eso es un error tremendo”
José Moya Otero, Director de FP y Educación de Adultos del Gobierno de Canarias, se muestra convencido de que el alto Tribunal acepte el recurso contra la FP Básica presentado por el Gobierno de Canarias porque existen razones suficientes para ello. Destaca que se creará un grave perjuicio para la administración pública así como para alumnos y padres y sobre todo, y lo más grave según sus palabras, se romperá el principio de lealtad institucional: “Cualquier modificación que se haga en el sistema educativo que obligue a otras administraciones a introducir cambios importantes deberá ser financiado por quién lo exige y a día de hoy no está nada claro de dónde saldrá la financiación para la nueva FP Básica”.
El director general pone el ejemplo de los programas de Cualificación Profesional desarrollados por el Gobierno de Canarias. No se trata de un programa obligatorio pero las comunidades tienen la opción de ofertarlos con sus propios recursos y Canarias decidió lanzarlo en su momento sin pedir financiación extra por ello a ninguna administración. Según sus datos actualmente se atienden a unos 4.000 alumnos con estas necesidades especiales y una vez entre en funcionamiento la FP Básica recogida en la LOMCE este programa tendrá que desaparecer: “Nuestra intención es que cuando se aplique la LOMCE tal cual, con los recursos que contamos atenderemos sólo a un número de alumnos que es igual al que ahora atendemos en los planes de Cualificación Profesional, los alumnos no quedarán desatendidos pero el ministerio tiene la obligación de financiar esta nueva modalidad”.
Tampoco comprende José Moya que estos nuevos alumnos que salgan de la FP Básica tengan preferencia sobre los que acaben secundaria para acceder a un ciclo de grado medio. Asegura que este nuevo sistema da a los chicos un nivel de cualificación bajo y sin embargo se les da prioridad sobre aquellos que han acabado la etapa secundaria. Desde su puesto se muestra muy convencido de que la FP en su conjunto es una muy buena opción se quiera o no estudiar en la universidad y que no se trata de enseñanzas excluyentes. Destaca que para ello los alumnos de grados superiores tienen plazas reservadas para acceder a la universidad en estudios de la misma rama por lo que un ciclo no les excluye en absoluto del sistema universitario: “Durante años todas las administraciones hemos tratado de mejorar, legitimar y cambiar la imagen que tiene la FP fomentando la complementariedad de las dos enseñanzas. Lo que hace la LOMCE es volver a identificar alumnos de FP como aquellos que no sirven para estudiar una carrera y eso nos parece un error tremendo”.
“No podemos depositar nuestra capacidad de cambiar las cosas en futuras derogaciones de la ley”
“No podemos depositar nuestra capacidad de cambiar las cosas en futuras derogaciones de la ley”
Desde el sindicato mayoritario en la educación en Canarias se reconoce que existe una información sesgada por parte del ministerio porque a partir de septiembre empiezan a aplicarse algunos de los puntos más polémicos de la ley al margen de los que se están publicitando desde el gobierno. Silvia Rodríguez Court, miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC, asegura que La LOMCE no habla de plazas ni oferta pública en ninguna parte y reconoce el principio de libertad de los padres de elegir el centro de sus hijos. Las familias pueden elegir un centro privado y hay un mecanismo que iguala la oferta pública con la privada: “dice la LOMCE textualmente que si un centro privado acredita alumnado suficiente la consejería de Educación está obligada a concertar ese centro y esto es terrible”. Tampoco entienden desde el STEC que si un empresario pide una licencia al ayuntamiento de su municipio donde quiera construir un colegio, y el ayuntamiento la concede para construirlo en suelo público, sobre la marcha la consejería esté obligada a concertar ese nuevo centro educativo que construye un empresario privado.
La propuesta desde su sindicato es un conjunto de 32 medidas dirigidas individualmente a cada centro para conseguir la no aplicación de la LOMCE. En este manual se recoge la nueva medida LOMCE, al lado la de la equivalente en la LOE y también a quién compete, junto a eso proponen una nueva medida de fácil aplicación en los centros. Por ejemplo: “La nueva ley dice que el director del centro a partir del uno de septiembre tiene barra libre para hacer casi todo lo que quiera, nuestra medida en ese caso es que el consejo escolar tome un acuerdo en el que se recoja que en el próximo curso seguirá trabajando de forma democrática como se ha hecho hasta ahora. Son unas medidas sin coste para el profesorado y están todas estudiadas para que no se pueda abrir expediente disciplinario. Si el director se compromete a trabajar democráticamente con su consejo escolar, eso no lo impide la ley”.
Rodríguez destaca la importancia de tumbar la nueva ley como sea porque el daño que hará una vez empiece su rodaje será muy grave y difícil de reparar. Las aspiraciones del STEC no pasan por una futura derogación de un nuevo gobierno porque dicen que no pueden depositar su capacidad para cambiar las cosas en futuros hipotéticos, es por ello que hace un llamamiento a consejería, familias, alumnos y profesores a remar en el mismo sentido.
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