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El Gobierno de Canarias vuelve a presumir de gestión en dependencia con una lista de espera estancada en 9.000 personas

La Consejería de Políticas Sociales envía una nota de prensa con datos de la gestión de los últimos tres años unas horas antes de que la oposición en el Parlamento acordara impulsar un plan dotado de 100 millones más

El Gobierno se vanagloria de que ha dado "servicios y prestaciones" a 5.000 personas en 2018, pero la lista de espera disminuyó en 2.000 y el resto se refiere a personas a las que se les ha reconocido el derecho pero siguen esperando

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La consejera de Política Sociales y Vivienda, Cristina Valido.

La consejera de Política Sociales y Vivienda, Cristina Valido.

Una nota de prensa madrugadora de la Consejería de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias llegaba este miércoles a los medios de comunicación presumiendo de gestión en materia de Dependencia. El comunicado llegaba tan solo unas horas antes de que el Parlamento de Canarias impulsara un plan para que el Ejecutivo Regional incorpore 100 millones de euros más a la dependencia y después de que este martes la Consejera del área, Cristina Valido (CC), única reprobada en el Parlamento, fuera cuestionada por el estancamiento de la dependencia por la diputada del PP Josefe Luzardo. En la nota, la Consejería aludía a que solo en 2018 "se incorporaron al sistema de atención a la dependencia en Canarias un total de 4.914 personas dependientes".

Una búsqueda rápida en las estadísticas del IMSERSO permite comprobar que la lista de espera a noviembre de 2018 se situaba en 9.172 personas. Es decir, de las 30.398 personas que hay en el sistema con derecho a ser atendidas por la Ley de Dependencia, solo 21.226 están recibiendo algún tipo de ayuda. Mientras tanto, la Ley de Servicios Sociales sigue estancada en el Parlamento.

El número de beneficiarios es el parámetro que siempre se ha utilizado para medir la mejora en gestión de este derecho, así de hecho lo hace la Asociación Estatal de Gerentes y Directoras Sociales en todos sus dictámenes. Sin embargo, el Gobierno de Canarias vuelve ahora a hablar de "personas incorporadas al sistema", a pesar de que solo se les ha tramitado la solicitud y reconocido que tienen que recibir la ayuda, pero no la están recibiendo.

En este caso, el número de personas con derecho reconocido en noviembre del año pasado se situaba en 30.398, mientras que en enero de ese mismo año, las personas con el derecho reconocido eran 30.614, una cifra que varía también por las defunciones y otros factores. A pesar de la abultada lista de espera que aún tiene Canarias (9.172 personas según los datos de noviembre, los últimos que ha facilitado el IMSERSO), la Consejería sigue celebrando las altas que se dan en el sistema solo como reconocidos.

"En2018, se incorporaron al sistema de atención a la dependencia en Canarias un total de 4.914 personas dependientes, 520 más que en 2017 y 365 más que en 2016", subraya la nota de prensa. La nota no oculta a lo que se refiere en realidad, "se trata de nuevas personas en situación de dependencia que se incorporan al sistema, a las que se les reconoce la dependencia y su derecho a las prestaciones o servicios". En ningún momento se ponen de manifiesto las personas que, a pesar de tener el derecho reconocido, siguen esperando y se limita a dar el dato positivo de que son 21.226 las beneficiarias con prestaciones.

Sí ha destacado la Consejería que "el presupuesto destinado sufragar lasprestaciones de dependencia ascendió a 51,8 millones de euros, 5,5 millones de euros más que en el 2017 y 12,3 millones de euros más que en 2016".

A pesar del maquillaje de datos y de la forma de destacar las cifras positivas, CC tampco se pudo zafar este miércoles de volver a recibir las críticas de la oposición en el Parlamento. Hasta el PP, socio de Clavijo para aprobar las cuentas y otros asuntos, ha criticado de nuevo la gestión del Gobierno en esta materia.

Este miércoles, no obstante, Podemos ha conseguido el apoyo unánime de la Cámara regional para que el Gobierno regional paralice el proyecto de decreto que regula el reconocimiento de la situación de dependencia y “establezca un Plan”, dotado con 100 millones de euros, “para que el procedimiento sea ágil, garantista y ofrezca una respuesta real a las necesidades de las personas dependientes en Canarias”.

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